Las peticiones las hace el Sindicato de los Trabajadores del instituto (Sitrainsafocoop) en representación de los 65 empleados que laboran en esa entidad.
“Solicitamos que el personal de campo y administrativo capacitado y especializado en la materia del cooperativismo sea incorporado en las instituciones a las cuales se les trasladará las funciones del Insafocoop... que se considere un retiro justo y digno, tal cual se ha establecido para otras instituciones públicas que han corrido la misma suerte, no menor de $30,000 y que la indemnización sea al menor el 100% de un salario por año trabajado... remarcando el hecho de los bajísimos salarios que por décadas el personal del Instituto ha percibido”, solicita el Sitrainsafocoop.
El 23 de julio recién pasado, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, envió a la Asamblea Legislativa tres iniciativas de Ley, dos que tienen como objetivo la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito en el país y una tercera para disolver y liquidar al Insafocoop, organismo que fue creado mediante ley en 1969 como rector del cooperativismo en El Salvador.
Según indica la iniciativa, la liquidación del Insafocoop estará a cargo de esa comisión, a la que le corresponderá la administración y representación legal del Instituto durante el plazo de la liquidación y tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas para los liquidadores en el Código de Comercio.
La Comisión deberá evaluar la idoneidad del personal que se considere necesario para la continuidad de las funciones en cada entidad y coordinar las acciones para que el Insafocoop realice el proceso de indemnización del personal que no sea necesaria su continuidad, conforme a la ley.
“El personal del Insafocoop permanecerá en sus funciones por el tiempo que la Comisión considere necesario y sin sobrepasar el plazo máximo establecido en esta ley para su liquidación (seis meses); además gozarán de todas las prestaciones laborales a las que tenían derecho previo a la entrada en vigencia del presente Decreto”.
Por ello los trabajadores del Insafocoop decidieron pronunciarse y explican en el comunicado que “cuentan con deudas personales e hipotecarias” y a esto le suman el alto costo de la vida, por lo que le solicitan a la Asamblea Legislativa les apruebe un decreto de ley para que se les condone intereses de deudas adquiridas.
“Se le solicita a la Asamblea Legislativa que se apruebe una decreto de ley que exija la condonación de intereses de las deudas adquiridas en la vida laboral y otras medidas paliativas, para que sean sujetos de medidas de alivio económico, para no hacerles caer en un estado de precariedad de vida, con especial énfasis las mujeres trabajadoras, madres solteras...”, explica el comunicado.
El Sitrainsafocoop expone que como trabajadores están conscientes de los casos de corrupción en cooperativas, pero aseveran que ese manejo corrupto que se ha detectado nada tiene que ver con ellos y que la decisión del gobierno de cerrar la entidad responde a la difícil situación de endeudamiento público.
“Que la coyuntura mediante la cual se han conocido casos de corrupción en importantes cooperativas del país, dicho manejo es ajeno a las personas trabajadoras del Instituto, ya que en su momento dichas irregularidades fueron notificadas a las instancias para su respectivas investigación y sanción, por lo que los señalamientos de vinculación, complicidad e involucramiento en actos de corrupción por parte del personal del Insafocoop los rechazamos tajantemente, por lo que no creemos que la disolución del Instituto responda a esa situación, sino, por la situación fiscal y la necesidad de reducir el gasto público ante el endeudamiento nacional”, señalan.
El caso más sonado recientemente es el de Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi de R.L.) que la Fiscalía General de la República está investigando por el fraude de $35 millones. Y por lo que está procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.