El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de los Derechos Humanos en Centroamérica evaluó que el primer año de vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador ha provocado el cierre de organizaciones, la reducción de sus programas de trabajo, el traslado de algunas de sus operaciones fuera del país y el desplazamiento forzado de personas defensoras y periodistas.
En un comunicado de prensa, esta red concluyó que las organizaciones que se inscribieron en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) enfrentaron “nuevas cargas administrativas, procedimientos de control, restricciones operativas y costos adicionales”; algunas han reducido su personal, han disminuido proyectos comunitarios o suspendido iniciativas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas.
Un tercer efecto visto por el Equipo regional es la autocensura ante la necesidad de las organizaciones de conservar las autorizaciones del Registro, limitando pronunciamientos públicos o conferencias de prensa, evitando denuncias de violaciones a derechos humanos por temor a represalias estatales.
A ello suman la detención de defensores de derechos humanos, acoso contra periodistas, persecución sindical, vigilancia de actividades públicas, retenes policiales y militares que limitan la participación en protestas y el exilio de periodistas y defensores de derechos humanos.
La ley fue aprobada el 20 de mayo de 2025. Esta aplica un impuesto del 30 % sobre las donaciones, retenido en cada transferencia, desembolso o importación en especie o bienes de cualquier tipo, de un «mandante extranjero», y la ley prohíbe “realizar actividades para fines políticos” para “alterar el orden público que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país” y ocultar que sus actividades son financiadas por un mandante extranjero, así como faculta al RAEX a fiscalizar a los agentes extranjeros y remitir información a la Fiscalía General de la República.
El Equipo Regional está conformado por organizaciones centroamericanas como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) de Costa Rica, así como la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
