El gobierno sustituyó los instrumentos financieros emitidos por el Estado con nuevas condiciones como plazo, tasa de interés y periodo de gracia, ya que la reforma de diciembre de 2022 así se lo ordenaba.
De acuerdo a un informe de Fitch publicado el viernes, los fondos de pensiones privados –las AFP, como representantes de los trabajadores– “eligieron la serie C por abrumadora mayoría”, es decir, certificados con “un rendimiento mayor del 7 % a cambio de una extensión del vencimiento a 50 años y un periodo de gracia de cuatro años”.
Para el abogado Enrique Anaya, “no hay claridad sobre las condiciones” de los nuevos Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), “pues no sabe qué montos están invertidos en cada serie: solo dice que en su mayoría seleccionaron la serie C”. Para Anaya, también deben informar la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, cree que “aquí se ha dejado de lado el concepto de quién es el propietario del fondo de pensiones”. “Es propiedad del trabajador pero en la práctica no se ejecuta nada de ese concepto”, reclamó. Según el especialista, antes de este canje de deuda “tuvo que haber consultado a los trabajadores y lejos de eso reservó la información, en vez de entregarle a los trabajadores esta información, se le entrega a las calificadoras, es urgente una medida de transparencia contra los políticos que administran el sistema de pensiones”.
El gobierno tuvo que haber consultado a los trabajadores, pero lejos de eso reservó la información. Y los trabajadores nos damos cuenta que están manoseando nuestro dinero por medio de terceros”.
Patricio Pineda, Mesa por una Pensión Digna.
Deben informar, tanto el Instituto ISP como la SSF e, incluso, las AFP, pues son las que administran los ahorros previsionales, propiedad de los cotizantes”.
Enrique Anaya, abogado.
Ambos especialistas creen que eso podría implicar una pérdida para las cuentas individuales de los trabajadores, mientras, según otro especialista previsional consultado por Diario El Mundo El Mundo, “no tiene mayor impacto” en los ahorros de los trabajadores, siempre que se respete el periodo de los pagos.
Sin embargo, ninguno de los consultados cree que exista garantía de que las condiciones de estos certificados vuelvan a cambiar en el futuro y asegura que estas condiciones deberían estar en una ley. La consecuencia de ello, dijo, es incertidumbre.
El ISP declaró temporalmente reservada la información de las condiciones ante una solicitud de información que Diario El Mundo le hizo. Puede leer más información mañana en Diario El Mundo.