La Asamblea Legislativa reformó ayer la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) para facultar al superintendente dictar la política farmacéutica, permitir a la institución vender servicios de control de calidad y reducir el plazo para que personal que haya salido de la institución pueda trabajar en entes regulados, como las farmacéuticas.
La ley actual establece que el personal de la Superintendencia no podrá laborar en los dos años posteriores al cese de sus funciones en la institución “para personas naturales o jurídicas, privadas, que sean objeto de regulación por la Superintendencia”.
La reforma redujo este plazo a un año.
La Superintendencia de Regulación Sanitaria es la autoridad del Estado responsable de regular, vigilar o autorizar la comercialización de productos farmacéuticos, medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, cosméticos e higiénicos, alimentos para regímenes especiales, bebidas para uso humano, alcohol etílico potable y no potable, tabaco, dispositivos de liberación de nicotina y de las sustancias y productos químicos.
Además, la reforma facultó al superintendente de la SRS a que emita la política farmacéutica y cualquier otra política relacionada a la ley.
En tercer lugar, la reforma permitió que la SRS pueda realizar pruebas de control de calidad a productos regulados a cambio de tarifas, a solicitud de personas o entidades nacionales o extranjeras. Organismos internacionales que dan ayuda humanitaria y promueven el desarrollo en El Salvador estarán exentos de dichas tarifas.
La ley ya establecía que la institución percibiría los ingresos por tarifas de los servicios prestados, pero no facultaba expresamente a la SRS de prestar servicios de “control de calidad a productos objeto de su regulación para otros fines no previstos en esta ley.”
El objeto de la ley es regular, vigilar y otorgar el registro sanitario, reconocimiento del registro, autorización de comercialización, de los productos regulados antes mencionados.
La reforma fue aprobada por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, luego de rechazar la reducción del plazo para que exempleados de la SRS puedan laborar en un ente regulado por la entidad.
