Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron el lunes derogar el régimen de excepción en El Salvador ya que “el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.

Criticaron que atentan contra el debido proceso condiciones como las audiencias de hasta 500 personas, defensas públicas de tres o cuatro minutos para 400 a 500 detenidos a la vez, juicios masivos virtuales que “socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, jueces sin rostro y testigos de referencia.

Una de las cosas solicitadas al gobierno, en la aplicación del régimen de excepción, es que las personas “no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente”.

Más de 67,000 personas han sido detenidas en circunstancias que suponen un riesgo de graves violaciones del debido proceso”. Margaret Satterthwaite, relatora en la ONU/Independenc. Judicial

La controversia.

De acuerdo al Socorro Jurídico Humanitario, hasta el 10 de mayo, han muerto por falta de atención médica u homicidios 144 personas detenidas, de las cuales el 92 % serían inocentes, de un total de 250 denuncias. Esta entidad reporta, citando fuentes internas “extraoficiales” de la Policía Nacional Civil, 20,000 personas capturadas arbitrariamente, de las cuales se han liberado 4,000, dijo Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que durante la aplicación del régimen de excepción se han capturado a más de 68,000 “terroristas” y que se han liberado a 5,000 personas, sin dar detalles si estas liberaciones están consideradas dentro de la cantidad reportada de detenciones.

Tenemos fuente extraoficial de los policías que nos dicen ‘los inocentes son más’ porque ellos son los que han capturado por cuotas”. Ingrid Escobar, Socorro Jurídico Humanitario


El ministro de Defensa, René Merino Monroy, ha asegurado que las detenciones en el régimen de excepción se basan en un registro de estructuras de pandillas que fueron compartidos a la Fuerza Armada.

“Con esos registros podemos determinar o saber si esa persona a la cual se está interviniendo es un pandillero o no”, dijo el ministro en la Asamblea Legislativa en abril pasado de 2023.