El gobierno salvadoreño libró una guerra contra las maras y pandillas desde el pasado 27 de marzo, luego de tres días consecutivos de asesinatos provocados según el vicepresidente por pandillas respaldados por opositores pero provocados por una ruptura de un supuesto pacto con las pandillas según opositores e investigaciones periodísticas.
El 23 de junio pasado, la CIDH realizó una audiencia en la que organizaciones denunciaron violaciones a derechos humanos en la implementación del régimen de excepción. En la audiencia, los comisionados de la CIDH lamentaron la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia.
La comisionada de la CIDH Julissa Mantilla detalló que se han comunicado con el Estado salvadoreño para pedirle información y gestionar posibilidad de poder viajar a El Salvador pero lamentó su ausencia en la audiencia de la CIDH.
Lamento también la ausencia del Estado, esperemos que este diálogo continúe, nuestro rol es poder escuchar a la sociedad civil, también conversar con los Estados, sin duda, para poder apoyar, monitorear y acompañar en el cumplimiento en sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Julissa Mantilla, comisionada de la CIDH.
Durante la presentación de un libro de Roque Dalton, el vicepresidente calificó de patética y lamentable la actitud de la CIDH.
Lo patético y lo lamentable es que la CIDH se prestara a ese juego de entidades que son manejadas por activistas de partidos políticos que perdieron las elecciones y que ahora, al no tener una agenda como oposición política, se dedican a atacar al gobierno”.
Félix Ulloa, vicepresidente de la República, en entrevista publicada el jueves en YouTube por el periodista Carlos Hernández.
El vicepresidente Ulloa respondió que “lo lamentable” es que la CIDH abriera una audiencia para conocer de demandas “improcedentes e improponibles” porque sostiene que el Estado libra una “guerra justa” contra las pandillas y por ello “cualquier tipo de acciones de distracción son un atentado, son una traición a la acción que está haciendo el gobierno y su lucha contra las pandillas”.
Ulloa objetó que se enfatice en la crítica a los más de 50 fallecidos durante el régimen de excepción, ya que la población respalda el Plan Control Territorial y el régimen de excepción por los homicidios que se han evitado.
Sin embargo, dijo que “ninguna muerte se justifica” pero aseguró que “lo que hay que tener es el sentido de proporcionalidad” porque “que tengamos bajas de 52 personas no significa ni el 0.0 %”.
Cuando ellos vienen a hablar que hay 52 fallecidos, se les olvida que 52 muertos los hemos tenido en una semana en los periodos de violencia y que ahora con este plan no solo se ha llegado a tener cero homicidios, sino que se ha puesto tras las rejas a más de 40,000 de los criminales y asesinos que asesinan al pueblo”.
Félix Ulloa, vicepresidente de la República.
“La lectura de la CIDH es una lectura errónea. Debió haber pospuesto una audiencia de esas para cuando terminara el régimen de excepción”.
El comisionado de la CIDH Joel Hernández aseguró que “es extremadamente preocupante la ausencia del Estado” salvadoreño y muestra de un cierre al escrutinio internacional.
El comisionado mostró preocupación sobre cómo establecer un diálogo con el Estado pero sobre todo a los mecanismos de protección contra la tortura en El Salvador, ya que no es parte del protocolo contra la tortura.
Es extremada preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional que mucho lamentamos”.
Joel Hernández, comisionado de la CIDH.
Las organizaciones han solicitado a la CIDH la inclusión de El Salvador en el capítulo IV-B de su próximo informe de derechos humanos de la CIDH.
El capítulo IV-B incluye informes especiales de países que requieren una “atención especial” de la CIDH, este capítulo es conocido como “la lista negra” e incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.