El organismo internacional advirtió que “los esfuerzos para movilizar el apoyo oficial deben continuar, con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones, y respaldar el crédito del sector privado”.
El acuerdo de Servicio Ampliado que el FMI ejecuta con el gobierno de El Salvador incluye un financiamiento de $1,400 millones en 40 meses de los cuales ya aprobó desembolsos por $231 millones pero exige el cumplimiento de medidas financieras, de gobernanza y transparencia, entre estas una reforma de pensiones.
“Más allá de este año, se necesitan reformas integrales del servicio civil y de las pensiones para salvaguardar la consolidación fiscal y proteger el gasto social prioritario y en infraestructura”, reiteró el FMI en su comunicado publicado del 27 de junio y replicado ayer por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Los directores del FMI han calificado estas medidas, incluso la reforma de pensiones, de “fundamentales”.
El Fondo ya había anunciado la inclusión de una nueva reforma de pensiones como uno de los compromisos del acuerdo SAF, que se otorga a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales.
El 27 de mayo, en el anuncio del acuerdo a nivel de personal, el FMI reiteró el compromiso de una reforma a “los sistemas de pensiones” para “respaldar” el ajuste fiscal después de 2025, además de la reducción en el gasto o factura salarial, una reforma al servicio civil (regulación en la contratación de empleados públicos) y la contención de gastos corrientes.
En el acuerdo, que busca un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2027, el gobierno salvadoreño se ha comprometido a publicar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025, diseñar una propuesta de reforma de pensiones y publicarla el 10 de febrero de 2026, y adoptarla en 2026.
La reforma aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde 2023 facultó al nuevo Instituto de Salvadoreño de Pensiones (ISP) a emitir certificados de obligaciones previsionales que son adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con los fondos de los trabajadores cotizantes, para pagar pensiones del sistema público u otros beneficios previsionales. Si bien la nueva estableció una mejor rentabilidad a este préstamo, las AFP y el gobierno acordaron un periodo de gracia de cuatro años que permitió al gobierno dejar de pagar intereses y capital de la deuda acumulada antes de la reforma, $8,394 millones.