La oficial de programa sénior para Centroamérica de la DPLF, Gabriela Mundo, afirma en su artículo que la elección de magistrados de la CSJ "debería estar centrado en aumentar la transparencia y la participación ciudadana” pero cree que “es evidente que no es una prioridad para el actual gobierno” restablecer y fortalecer “los contrapesos institucionales”.
"El proceso de selección de magistradas y magistrados debería estar centrado en aumentar la transparencia y la participación ciudadana... Sin embargo, es evidente que no es una prioridad para el actual gobierno restablecer y fortalecer los contrapesos institucionales".
Gabriela Mundo, oficial de programa sénior para Centroamérica de la DPLF.
La oficial sénior también expone que la nueva elección de magistrados del Órgano Judicial evidencia "la limitada participación de la sociedad civil y la ausencia de una elección basada en el mérito" y considera que se pone en evidencia "una Corte Suprema de Justicia totalmente nombrada por el partido de gobierno".
Indica que la sociedad civil "no ha podido verificar si se cumplieron los requisitos constitucionales" que exige la ley para ser magistrado de la CSJ porque ni el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ni la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) "publicaron los currículos de las personas participantes".
Mundo critica al CNJ por no publicar los currículos ni "los criterios para evaluarlos y los resultados de dicha evaluación". La legislación actual indica que 15 de los candidatos son elegidos por votación de los asociados de la Fedaes y otros 15 por el CNJ.
También, critica la baja participación en las elecciones de la Fedaes en la que solo el 9.56 % de los habilitados para votar lo hicieron. Además, advierte que se ha señalado supuestos vínculos candidatos al partido oficialista, Nuevas Ideas, pero no detalló a qué casos se refería.
Todos estos aspectos y "la falta de mecanismos efectivos para incidir" en el proceso considera que "han contribuido a una atmósfera de desconfianza" y que la "falta de apertura" afecta en la legitimidad y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
"Estas limitaciones y la falta de mecanismos efectivos para incidir en el proceso de selección de magistrados han contribuido a una atmósfera de desconfianza. La falta de apertura del proceso no solo afecta su legitimidad, sino que también debilita los mecanismos de rendición de cuentas".
Gabriela Mundo, oficial de programa sénior para Centroamérica de la DPLF.
Mundo reflexiona que el debilitamiento en el sistema de justicia afecta la protección de los derechos humanos, "ha cambiado la dinámica judicial del país". Indica que este es "el tercer proceso controlado por el oficialismo" desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa concluyó el lunes las entrevistas a los 30 candidatos de la lista presentada por el CNJ. La Comisión ya emitió dictamen favorable, pero este no fue agendado para la sesión plenaria del martes pasado.