Las reformas penales aprobadas por la Asamblea Legislativa generan preocupación en organizaciones de profesionales en derecho que consideran abre la posibilidad a vulneraciones a derechos humanos y a procesos sin independencia judicial.

Para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), preocupa que las reformas estigmatizan a la población más vulnerable, se abre una puerta a que se aumenten violaciones de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones ilegales e incluso torturas.

Leonor Arteaga, directora de programa de la Lucha contra la Impunidad, señaló que la reforma al Código Procesal Penal da vida a una figura que se conoce como “jueces sin rostro”.

“Viola claramente el derecho a ser juzgado por un juez natural, un juez imparcial, que está contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo.

Aunque respalda que se debe proteger a los jueces, señala que para eso ya existen otros mecanismos modernos, como crear tribunales de alto riesgo y darles medidas de seguridad. Sostuvo que las reformas desincentivan la profesionalización del sistema judicial. En el caso de la ampliación de prisión preventiva únicamente para pandilleros, esta ya no será por un máximo de dos años sino el tiempo que dure el proceso judicial hasta la sentencia y que en el país podría durar hasta incluso cinco o diez años, por lo que también contravendría los estándares interamericanos.

“Con eso se está quitando esa facultad de decisión a los jueces y esto tampoco se debe hacer según el derecho internacional”, expresó Arteaga.

DPLF es una de las organizaciones que suscribió un pronunciamiento con otras 69 entidades que denunciaron una campaña mediática contra organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno salvadoreño.