“Vamos a presentar casos en contra de cada de una de estas estructuras dependiendo del sector donde operaban”, dijo el funcionario, en la cumbre de procuradores de derechos humanos que organizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el martes.
El Gobierno prepara un nuevo pliego de reformas que permitirían condenar a capturados en el régimen de excepción, que cumplió cinco meses ayer. “Puede que no estemos resolviendo los delitos de homicidios o de extorsión pero sí, al sacar estas células cancerígenas de esas comunidades, andamos haciendo justicia colectiva”, afirmó.
El régimen es cuestionado por organizaciones debido a denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes u otras violaciones a derechos humanos. La PDDH, que ayer entregó un reconocimiento al ministro, ha recibido 3,400 denuncias pero, de 173 que ha investigado, no encontró pruebas en 166, el 95 %.
Las autoridades han reconocido que los jueces han liberado a más de 600 de los arrestados. De acuerdo al Gobierno hay 76,000 pandilleros en el país y han arrestado a 50,576.
Casos contra clicas.
Según el funcionario, las organizaciones criminales superan a sus fundadores. Por ejemplo, dijo, cuando mataron al narcotraficante Pablo Escobar no se acabó la siembra y el tráfico de cocaína.Por ello, sostuvo que el Estado salvadoreño buscará acusar a las organizaciones y no individuo por individuo, aunque sea “diferente a las líneas internacionales”. Ejemplificó que abrirán casos del Estado contra la clica “Tecla Locos Salvatruchos” y será “contra todos sus participantes”. Garantizarán, dijo, que no necesiten “a ningún salvadoreño de bien para poder condenar a estos terroristas”.
Según Villatoro, El Salvador no es el único país que realizará este tipo de acusaciones.
Récord criminal.
El titular de la cartera de Justicia y Seguridad enfatizó en el récord criminal de los capturados. Negó que capturen personas por “apariencias o nerviosismos” y aseveró que realizan las capturas basándose en “nombre y apellido” de personas que burlaron a la seguridad o al sistema de justicia penal.Nueva reforma penal.
El Gobierno ha anunciado una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que establece un régimen de prueba diferente al común para delitos de crimen organizado que se procesan en tribunales especializados.Así, establece métodos de investigación como operaciones encubiertas o entregas vigiladas, medios científicos y tecnológicos; recolección de evidencias por parte de los miembros de la Policía, y permite la prueba testimonial de referencia en casos de muerte, enfermedad, operaciones encubiertas o retractación de la víctima, y el reconocimiento por fotografías.
El pasado 9 de agosto, Villatoro se reunió con el fiscal general, Rodolfo Delgado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional, Óscar López Jerez, y la presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes, para preparar la reforma.
Anunció “una segunda ola de reformas” para evitar que las personas detenidas durante el régimen de excepción sean liberadas.