El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió al Congreso salvadoreño que le apruebe una reforma presupuestaria para incorporar $24 millones en el presupuesto general del Estado de 2025.
El gobierno salvadoreño tiene el compromiso con Estados Unidos de realizar aportes graduales para financiar un programa ambiental, con un monto de $17.5 millones anuales entre los años 2026 y 2044, y de $24 millones en 2025, distribuidos así: $12 millones en abril de 2025 y $12 millones en octubre de 2025.
Los diputados de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto se reúnen el martes 22 de abril.
El fondeo para el ambicioso proyecto ambiental resultó del refinanciamiento de $1,000 millones a El Salvador aprobado en octubre de 2024 por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., como parte del acuerdo con la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que, aportando la garantía, logró amarrar el ahorro en intereses al proyecto ambiental.
La DFC proporcionó un seguro de riesgo político (PRI) para que la operación pudiera ser posible.
El programa tenía una junta directiva conformada por siete miembros, que incluía un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes gubernamentales. Los proyectos que EE.UU. mantiene de la USAID han sido asumidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos según ha asegurado el secretario estadounidense Marco Rubio.
El programa de conservación y restauración del río Lempa será liderado por el gobierno de El Salvador, junto al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el Catholic Relief Services (CRS). En la primera fase, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizará un diagnóstico con las comunidades.
Sin embargo, en el acuerdo el gobierno se comprometió a establecer una entidad para supervisar la restauración de la cuenca, aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados, un sistema de monitoreo, un mecanismo de retroalimentación pública y quejas por violaciones a la Ley nacional de recursos hídricos y la Ley general de medio ambiente, desarrollar estándares para calcular los costos de agua potable y saneamiento y declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos para el año 2044.