El régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo le permite intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de solicitar autorización judicial. La inviolabilidad de las telecomunicaciones es uno de los cuatro derechos constitucionales suspendidos por este decreto.
Las solicitudes firmadas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, cuentan que “se pretende adquirir una plataforma tecnológica de vanguardia que le permita obtener información en corto tiempo, única y precisa sobre actividades ilícitas”.
La compra de esta plataforma, según la carta, “facilitará los esfuerzos institucionales en la pronta acción penal en el marco del régimen de excepción”. El régimen, que vence el 26 de mayo a partir de las 0:00 horas, será prorrogado nuevamente según el diputado Guillermo Gallegos.
Excedentes
El dinero que se destinará a la compra de tal plataforma de vanguardia que permitiría obtener información precisa en corto tiempo proviene de “excedentes” que superan las estimaciones hasta abril de 2022 de la recaudación de Impuesto sobre la Renta, debido a la “eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal”.Un total de $10,934,995 serían destinados al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República y un total de $3,065,005 para la contratación de servicios de expertos en litigios o arbitrajes internacionales.
"El objetivo del régimen era combatir a las pandillas y en los audios de Carlos Marroquín se demuestra que no hay interés del Gobierno en combatirlas”.
Francisco Lira, diputado de Arena
"Por otro lado, los riesgos del uso discrecional que se puede hacer de eso, teniendo en cuenta las denuncias y antecedentes que ya tiene este Gobierno”.
Anabel Belloso, diputada del FMLN
“Innecesario” y “sospechoso”
El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), considera que en este momento es “innecesario” este refuerzo a la Fiscalía porque hay otras necesidades en la población, como abastecer de medicamentos a hospitales y mejorar condiciones en los centros educativos.“Es importante mencionar que el objetivo del régimen de excepción era combatir a las pandillas y en los audios de Carlos Marroquín se demuestra que no hay interés de parte del Gobierno en combatirlas”, dijo en referencia a la investigación “Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre Gobierno y MS” publicada por elfaro.net.
También, afirma que “las capturas arbitrarias realizadas bajo el régimen demuestran que no se ha buscado cumplir con el objetivo de este, sino que cumplir una cuota de captura”.
Al legislador le llama la atención “la enorme cantidad de dinero” para el Centro de Intervención de Telecomunicaciones. “Y se despierta la sospecha, con el antecedente de Pegasus, esto podría servir para espionaje a medios de comunicación, medios independientes, opositores políticos y ciudadanos en general. No para lo que debería de servir, que es el combate real a las pandillas”, dijo Lira.
Dudas
Anabel Belloso, del FMLN, cuestionó que no se especifica qué se hará con la compra o actualización del software, señaló riesgos de uso discrecional por los antecedentes del Gobierno y advirtió que el refuerzo es un casi tres veces el presupuesto actual del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, ve difícil acompañar el refuerzo “a una Fiscalía que ha demostrado no ser independiente” y que “decidió ocultar” posibles actos de corrupción investigados por la CICIES en la pandemia.
Restricciones excepción