La reforma tendría el objetivo de generar seguridad jurídica en el actual mercado de activos digitales.
Se precisa de facilitar un maneo presupuestario inmediato a las instituciones encargadas de la aplicación de las reglas relativas a las ofertas públicas y privadas de activos digitales en el tráfico jurídico”.
María Luisa Hayem, ministra de Economía, en la solicitud.
La propuesta pide cambiar el artículo de creación de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB): actualmente establece que es “una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa” y que se relaciona con el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía; el cambio propuesto es que sea una “institución descentralizada no empresarial de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria y con un Presupuesto Especial”.
La propuesta también agrega que la AAB estará adscrita al Ministerio de Economía y que "recibirá recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación”, además de las comisiones que cobre de administración por los fondos que invierte y maneja de hasta un máximo de 0.5 % que actualmente establece la ley.
El gobierno también propone incorporar un artículo sobre el patrimonio de la Agencia, que estará constituido por: los aportes del Estado, los ingresos que perciba por los servicios correspondientes a su función, los bienes muebles e inmuebles que a cualquier título adquiera del Estado, las municipalidades, entidades públicas o privadas.
También, según la propuesta de reforma, serán parte de su patrimonio los ingresos provenientes de donaciones, herencias, legados a cualquier título otorgado por particulares de forma directa, los ingresos provenientes de la cooperación internacional o de cualquier país u otro tipo de organismo.
Comisión Nacional de Activos Digitales
De igual manera, se reformaría el artículo de creación de Comisión Nacional de Activos Digitales, que la define como “institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía económica, financiera y administrativa”, la cual se relacionará con el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. El gobierno propone que sea “una institución descentralizada no empresarial, de derecho público y con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria y con un Presupuesto Especial”.Esta Comisión seguiría adscrita al Ministerio de Economía, se agregaría que “recibirá recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación” además de recibir ingresos de las tasas por los servicios de registro y administración del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Digitales.
La iniciativa añade un artículo para que el presupuesto de la Comisión esté integrado por las asignaciones del Fondo General de la Nación y la proyección de ingresos por recursos propios.