Con 57 votos, la Asamblea Legislativa volvió a aprobar una prórroga al régimen de excepción que suspende los derechos constitucionales relacionados a la defensa, máximo periodo de detención administrativa y privacidad de telecomunicaciones requeridos por el Gobierno para capturar a remanentes de pandilleros que, afirma, persisten en El Salvador.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; y los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

El gobierno argumentó la excepción de estas garantías constitucionales ha permitido la captura de “más de 93,162 terroristas” y la reducción de homicidios.

Señaló que continúan “conductas orientadas a la obtención de recursos” como “acciones vinculadas al tráfico de drogas, uno de los medios de financiamiento de las pandillas” y “persiste el intento de replicar modelos de reclutamiento de jóvenes para integrar pandillas y ocasionar delitos”, ya que “se ha intervenido” en inmuebles con “distintos alusivos a las pandillas en ciertos territorios” que no fueron detallados.

La prórroga 54ª del régimen de excepción vence el domingo 27 de septiembre, por lo que la prórroga 55ª inicia su vigencia el 28 de septiembre y concluye el 27 de octubre de 2026.

El gobierno argumentó que también han capturado a mujeres, y acusados de robo, homicidios, organizaciones terroristas y otros delitos, se han coordinado con autoridades extranjeras para capturar y deportar a personas vinculadas a estructuras delictivas, incluidas personas vinculadas a “pandillas extranjeras”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que hasta el 21 de septiembre de 2026 el país “registra 227 días sin muertes violentas” en el año y 17 días sin homicidios en lo que va de septiembre.

Desde la implementación del régimen de excepción, dijo, han acumulado 1,215 días sin homicidios y desde 2019, contabilizan 1,329 días sin homicidios.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que antes se vivía en un país con una “libertad disfrazada” ya que había un cáncer de las pandillas pero que el gobierno de Nayib Bukele rompió “el bipartidismo”. Por su parte, Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), repitió que “la única receta constitucional que ha funcionado es el régimen de excepción” pero que el aumento al presupuesto de educación es un “sistema preventivo” y el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que lo aprobarán “las veces que sean necesarias”.

El régimen de excepción es cuestionado por las organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), que rechazan la captura de personas inocentes bajo la medida. El Gobierno ha admitido que hay un “margen de error” aunque no detalla cuántos arrestos corresponderían a dicho margen.

Una de las madres que marcharon el pasado 15 de septiembre hacia el centro de San Salvador cargando una cruz fue Ana Gloria Avelar López, una mujer de 61 años, que dice que la Policía se llevó a su hijo el 30 de mayo de 2023 de su casa en Ciudad Real, de Santa Ana. Ella sostiene que su hijo, de 38 años, era mecánico automotriz especializado en electricidad y no tenía “nada” de tatuajes.

“Mi hijo es inocente, lo digo, levanto mi mirada, si a mí no me creen que dicen por ser madre uno los defiende, los vecinos no tienen por qué estar mintiendo”, sostiene.

“Llegaron a traerlo a la casa y el policía que llegó dijo que no era el que andaban buscando, vino y le habló al jefe, vino el jefe y le dijo: tráiganselo, de todos modos ustedes a hacer cuota van”, relató. “Hoy fue a traer la resolución, porque fue a poner la denuncia y hoy le han puesto de todo, de todo lo que han querido ponerle. Qué ironía, que dice que él tenía orden de captura y cada vez que llegaban los del cerco militar le pedían el DUI y él no salía, o sea que no estaba perfilado porque no era”, relató sobre el día del arresto de su hijo. Ella asegura que a su hijo no estaba fichado pero recientemente le dijeron que ya estaba “perfilado” incluso con una orden de captura.