Según el informe, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) "ha encontrado que no hay hacinamiento" en las bartolinas policiales.
Sobre denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Gobierno indica en su informe que la PDDH "no ha conocido sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, u otros tratos o penales crueles, inhumanas o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia".
Sin embargo, menciona brevemente que la PDDH abrió "un expediente" que concentra "todos los casos denunciados sobre restricciones al derecho a la libertad e integridad personal".
Sobre las muertes de detenidos en el régimen, el Gobierno solo informa que la PDDH "se encuentra investigando afectaciones al derecho a la vida" y que "los casos se encuentran en fase inicial de investigación" sin dar más información.
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Alimentación en bartolinas
El Gobierno dice a la oficina de la ONU que hay aspectos positivos en la verificación de bartolinas policiales de la PDDH como la "pronta movilización" de privados de libertad a los centros penitenciarios, la limpieza "dos veces por día" de las bartolinas y "la provisión de alimentación".Sin embargo, en el mismo informe, dice que la PDDH señaló que "las condiciones desfavorables de habitabilidad e higiene" de las bartolinas "tienen antecedentes históricos y estructurales".
También, el Gobierno menciona que en los centros de integración social para menores de edad, reportan vestuario e insumos básicos, tres tiempos de comida y en algunos casos refrigerio, y que los menores están separados de los adultos.
Defensores públicos, "todos"
El Gobierno sostiene que "a toda persona detenida le ha sido nombrado un defensor público" cuando no se puede costear un defensor particular y que la Fiscalía "debe presentar" acusaciones "con sólido fundamento legal y total respaldo probatorio".Además, indica que "al momento de la detención de una persona" la PNC "le comunica las razones de la misma y se garantiza que los familiares tengan conocimiento de la detención y en qué dependencia policial o centro penitenciario estará en resguardo".
¿Cómo nace este informe?
La información fue solicitada por los grupos de trabajo de detención arbitraria y de desapariciones forzadas, y por los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, salud física y mental, independencia de magistrados, protección de derechos humanos y libertades en la lucha contra el terrorismo, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La solicitud se hizo el 1 de junio de 2022.Es parte de los "procedimientos especiales" del Consejo de Derechos Humanos de la ONU activados en casos especiales de los países, en concreto por el régimen de excepción en El Salvador y reportes de posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador.
Los procedimientos especiales son mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se activan ante situaciones concretas en países de todo el mundo.
En este informe, los grupos de trabajo y los relatores expresaron su "más seria preocupación" ante posibles detenciones arbitrarias, casos posibles de tortura o de tratos crueles durante el arresto, muertes bajo detención, privación de bienes especiales como medicamentos.