La anterior Asamblea Legislativa aprobó que el 30 % de los recursos que se aprobaran para la emergencia se transfieran a los concejos municipales para atender la emergencia del covid-19 y las tormentas tropicales de Amanda y Cristóbal, ocurridas a inicios de junio de 2020.
El 31 de agosto de 2021, la nueva Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio en el que facultó a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, realizar “algunas investigaciones” en las transferencias de recursos.
Hacienda detalló que a las alcaldías se les entregaron $191.7 millones que, según Zelaya, una “buena parte” debieron haberse gastado en la atención de la emergencia como brindar asistencia a grupos vulnerables, proveer alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene o materiales para la construcción de viviendas.
El primer informe de esas auditorías incluyó a 66 alcaldías que habrían recibido $64.3 millones, pero las auditorías de Hacienda encontraron que de esos $24.92 millones no aplican a los decretos de emergencia y en $2.7 millones no tienen documentos que justifiquen las salidas.
Hay salidas de fondos no documentados, solo está el muy cheque, pero no hay ningún tipo de documento, ni factura, ni orden de compra, ni una carta solicitando el cheque. No hay absolutamente nada, solo está el muy cheque (...) Casi tres millones de dólares que no están soportados por ninguna clase de documentación”.
Alejandro Zelaya
Ministro de Hacienda
Explicó que se pidió información a las alcaldías, pero no recibieron suficiente información de descargo o en algunos no respondieron a la solicitud de Hacienda. Zelaya adelantó que estos casos se presentarán a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de la Cuentas para que determine si hubo delitos.
“Aquellos destinos que no están documentados podrían configurarse como delito de peculado o aquellos fondos que no estaban dentro de los destinos de la emergencia de covid-19 podría también tipificarse como malversación de fondos. Entonces, se estarían enfrentando a dos delitos de clase penal”, agregó Zelaya.
Algunos de los hallazgos encontrados por Hacienda son:
- La alcaldía de Apaneca, Ahuachapán, recibió $540,000, con observaciones de $18,624.
- La alcaldía de Guaymango, Ahuachapán, recibió 988,000 con observaciones por $136,000.
- La alcaldía de Coatepeque, en Santa Ana, recibió $1,500,000, con observaciones por $1,016,000.
- Alcaldía de Chalchuapa, Santa Ana, recibió $1,600,000 con observaciones por $904,000 de proyectos que no “encajan dentro de los destinos del decreto” y $26,000 que no están documentados.
- Alcaldía de San Antonio Pajonal, Santa Ana, tiene observaciones por $150,000.
- Alcaldía de Santa Ana recibió $2 millones y tiene observaciones por $900,000.
- Alcaldía de Santa Tecla con observaciones por más de $907,000.
Zelaya indicó que un equipo de 300 auditores continúa las investigaciones de las restantes 199 alcaldías, cuyos hallazgos se presentarán en las próximas semanas.
Los resultados son desalentadores. Ya sabíamos que muchas de las alcaldías, sobre todo en el proceso electoral, algunos de ellos perdieron el rumbo y se olvidaron que estaban administrando fondos públicos y por allí podrían venir muchas de las observaciones".
Alejandro Zelaya
Ministro de Hacienda