La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este viernes que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador "han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria" y exhortó a las autoridades a "poner fin a la detención en régimen de incomunicación", sobre los más de 238 venezolanos deportados en marzo y acusados por el gobierno estadounidense de ser miembros de la pandilla declarada terrorista "Tren de Aragua" y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En un comunicado en el cual hace ver que no han recibido respuestas de funcionarios estadounidenses ni salvadoreños, HRW argumentó que la "desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero", lo que "hace probable la comisión de nuevos abusos" sin una protección legal.

La organización internacional pidió públicamente al gobierno estadounidense "hacer pública la identidad de los venezolanos" y al gobierno salvadoreños informar sobre "el paradero específico de los detenidos". Según HRW, familiares de los deportados les han dicho que autoridades estadounidenses "afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares" y que el comisionado presidencial de derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, no les ha respondido.

“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.


HRW reveló que envió una carta, el 5 de abril, a "autoridades salvadoreñas" para pedir información sobre la identidad, condiciones de detención en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) y "el fundamento jurídico" de la detención de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador.

"El gobierno de El Salvador no ha respondido", indicó.

Detalló que familiares enviaron correos al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. "Pero solo recibieron una respuesta automática de acuso de recibo o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las 'instituciones competentes”, relató la organización.

"El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos". Human Rights Watch.

La organización internacional dijo haber entrevistado a 40 familiares de deportados que revelaron que las autoridades estadounidenses de migración no informaron a sus familiares que serían enviados a El Salvador.

El gobierno de los Estados Unidos ha deportado a más de 200 venezolanos señalados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, 137 fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y 101 bajo la norma migratoria Título 8 según la Casa Blanca. Funcionarios estadounidenses han dicho expresamente que todos los deportados son miembros de la pandilla, aunque no han publicado las condenas y los delitos correspondientes o procesos penales pendientes.

Estados Unidos logró un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para deportar a criminales extranjeros a El Salvador a cambio de $20,000 por detenido por un año renovable.

Un alto funcionario de los Estados Unidos aseguró que el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos no es un "quid pro quo" o "dando y dando", cuando se le preguntó si de este acuerdo se derivaba un trato preferencial a migrantes salvadoreños en Estados Unidos.