De 40 resoluciones emitidas de enero a abril de 2022 por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 6 han favorecido a los ciudadanos demandantes, indica un estudio de la organización Acción Ciudadana (AC).

De acuerdo al informe, en la mitad de sus resoluciones, el IAIP rechazó de manera inicial las demandas, es decir, no analizaron el fondo de lo que solicitaban; y en cuatro de las mismas benefició a la institución estatal.

Además, hubo 2 desistimientos y 8 sobreseimientos.

Las resoluciones que ha tomado el IAIP durante los primeros cuatro meses de 2022 forman parte del conjunto de los 248 casos activos en dicha institución, es decir, un 16 %.

La mayoría, un total de 182 casos, son apelaciones de ciudadanos por acceso a la información pública.
Del total de casos activos que tendría el IAIP hasta abril, un total de 55 casos datan de 2020, un total de 147 de 2021 y 46 casos fueron iniciados durante el presente año 2022.

De los 55 casos acumulados desde el año 2020, el IAIP no ha resuelto si admitirá el análisis en 6 de los casos.

La tendencia.

El estudio detecta una disminución de las resoluciones favorables al ciudadano demandante por parte del IAIP.

Según la AC, durante la presidencia de René Cárcamo se resolvieron 70 % a favor del ciudadano, este porcentaje fue de 60 % en la presidencia de Silvia Cristina Pérez y bajó al 27 % en la gestión del actual presidente Ricardo Gómez.

Sin embargo la presidencia de Gómez ha vivido dos correlaciones distintas: una primera luego del nombramiento de Luis Suárez y Gerardo Guerrero, que aún tenían 44 % de resoluciones a favor del ciudadano; y una segunda a partir del nombramiento de la comisionada Roxana Soriano en noviembre de 2020 en la cual las resoluciones a favor del ciudadano bajaron al 21 % según la investigación.

Así, año con año, las resoluciones positivas al ciudadano han pasado de un 38 % en 2019 a 49 % en 2020, cayendo a 20 % en 2021 y a 15 % durante los primeros cuatro meses de 2022.

No nos explicamos por qué ha bajado la cantidad de resoluciones, creemos que puede ser desinterés, desconfianza o temor”. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC

“Bandera roja”.

La organización concluyó que el “desempeño del IAIP” en el cumplimiento de sus obligaciones de ley “representa un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción”, ya que “contribuye a la opacidad en el manejo de la cosa pública”.

La conclusión, según los investigadores, se da por el aumento de los casos rechazados en el examen inicial del expediente, en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información pública, y la reducción de las resoluciones favorables a los ciudadanos que solicitan información pública.

Por ello, en su análisis, la AC colocó una “bandera roja” al desempeño del IAIP por los riesgos que implica como mecanismo de prevención y combate de la corrupción, debido a la opacidad promovida con sus fallos.

Hallazgos del estudio de la AC

Los ciudadanos interponen demandas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en su mayoría, ante la negativa de una institución pública de entregarles información o ante la reserva de una información.

1.- Aumentan los rechazos iniciales
Resoluciones que dicen “es inadmisible” o “improponible” la solicitud del ciudadano suben de 19 a 50 % de 2020 a 2022.

2.- Sobre la reserva de información
En 2019 se modificó la reserva en 6 casos, en 2020 se revocó o modificó en 25, en 2021 en 6 casos; y en 2022, aún en ninguno.

3.- Comparados con México y Chile
Señalan que en 2021 México tiene un 51 % de resoluciones favorables al ciudadano, Chile logra el 62 %, El Salvador, llega a 19 %.