Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes una reforma para incorporar $6.2 millones del préstamo “Programa de simplificación y digitalización de trámites, componente I, Minec-CAF” a la Ley del presupuesto del Estado 2026 con el fin de financiar la digitalización de trámites
“Los recursos irían destinados para la contratación de servicios para el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la digitalización de trámites en entidades como la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad (de Planificación) del Centro Histórico (APLAN) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)”, detalló la subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes.
Parte de los $6.2 millones servirían para la “contratación de servicios para la modernización, integración y estandarización de sistemas de inventario institucionales, incluyendo módulos de activo fijo, medicamentos, mercancías y otros bienes estratégicos acorte a la naturaleza de la entidad correspondiente”.
También, adquirirán licencias para mantenimiento de sistemas en la SRS y la Autoridad del Centro Histórico y la contratación de servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico para el acompañamiento, control de calidad y sostenibilidad de los proyectos de digitalización institucional que se realicen.
Esto, según Hacienda, expandirá las inversiones y generará empleo, mediante la simplificación de trámites.
El programa es ejecutado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, este último desarrolla la digitalización y simplicación de trámites. Actualmente, el proyecto tiene una asignación de $3.9 millones en la Ley de presupuesto, ya ejecutó $1 millón, y tendrá una incorporación adicional de $6.2 millones.
El préstamo asciende a $75 millones y es destinado a “Programa de transformación del clima de negocios de El Salvador, a través de la facilitación del comercio y las inversiones”, aprobado el 4 de julio de 2023.
El proyecto incluye el desarrollo de sistemas informáticos para la automatización de procesos en al menos 20 entidades públicas en el otorgamiento de permisos para el desarrollo de actividades comerciales, así como para la implementación de la firma electrónica.
