La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, presentó desde el 29 de abril pasado siete demandas contra el Estado salvadoreño en el sistema de las Naciones Unidas (ONU). Los ha presentado ante las relatorías de derechos humanos, capturas arbitrarias y torturas. Escobar dice que prepara los mismos casos para interponerlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que, aquí, el camino es más largo.

¿Presentaron las demandas en el sistema de derechos de las Naciones Unidas?

En la CIDH y luego en la Corte es un proceso largo. En la ONU, son comunicaciones especiales donde las organizaciones de sociedad civil o un ciudadano puede activarlo.

Nosotros ya íbamos con siete casos en el sistema de la ONU que venimos metiendo desde el 29 de abril. A Washington fuimos a tres sectores, la parte federal, fuimos al Departamento de Estado, fuimos a la Cámara Baja de Representantes, con el representante McGovern, con el delegado de Kamala Harris. Luego nos fuimos también a la parte de sistemas de protección de derechos humanos, ONU y CIDH.

En la CIDH todavía no tenemos un caso admitido, estamos trabajándolo en este momento. Desde que nosotros (El Salvador) tenemos competencia en 1995 para aplicar a estos casos, solo hay dos condenas al Estado, sin embargo, ya tenemos nueve casos que creemos que están suficientemente documentados pero el primero va a ser el de Leonidas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acumulan los procesos, nosotros vamos a meter el de Leonidas, luego de (la isla) Espíritu Santo, acto seguido metemos medidas cautelares para otros casos, luego, vamos a meter el de otro muchacho fallecido que tenemos seguridad que hubo torturas, Aaron, es el número 65 fallecido del régimen. En su momento, la Comisión va a acumular esos procesos. Pero eso puede tardar una enorme cantidad de años. Hace unas dos semanas, vio que condenaron al Estado en dos sentencias, la Corte, una fue de Patricia Cuéllar, ella desapareció el 28 de julio de 1982, hasta hoy viene a condenar la Corte. Esto pueden verlo tal vez los nietos de Leonidas, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es una forma de decirles que paren porque tienen un proceso, paren de hacer las arbitrariedades.

Por el lado de la ONU, solo de la isla hay cinco, el de Leonidas y hemos presentado el de una muchacha que adquirió esquizofrenia en el centro penal que creemos que puede estar fallecida y no nos dicen. Son comunicaciones urgentes, son como un estilo de hábeas corpus urgente, en 60 días nos tienen que haber contestado, no es una respuesta de que liberen. Le va a pedir informes al Estado de El Salvador. Queremos ver qué dice y esos informes, esa respuesta del Estado, son públicos y, luego, la ONU, cuando ya tiene la respuesta del Estado ante nuestra petición, saca conclusiones. Eso también es público en su momento.

Fuimos a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de voluntarios, nos recibió American Bar Association, que nos están apoyando, porque creen en los defensores de derechos humanos, fuimos a Latinoamerican Working Group, WOLA, Cispes, que nos reunieron como a casi más de 100 compatriotas en Estados Unidos, tuvimos una conferencia de prensa donde denunciamos la captura arbitraria de dos ciudadanos americanos y de un residente permanente de Estados Unidos.

¿Y las Naciones Unidas no pide que se agoten todas las instancias nacionales?

No, la ONU, no. La CIDH, sí. Aquí nos están diciendo ‘se están adelantando’, no se los van a admitir, pero no, porque, en la CIDH ¿qué es lo que nos habilita para ir a la CIDH?, el 803. Para la ONU, desde el día 1 de la captura, se puede hacer la comunicación urgente con ellos y decirles ‘me han capturado ilegalmente un familiar’ y no tiene tiene que ser abogado, ni estudiado, puede pedirle a la ONU que le pregunte al Estado por qué le había violentado el derecho a la libertad personal a través de la captura ilegal arbitraria. Como tenemos tantos casos que vamos, así se lo digo, a saturar el sistema. A eso vamos. Yo justo hoy voy a meter otro caso. Apenas comenzamos, ahora iba a llevar el nueve. Queremos hacer talleres para la gente que sepan que pueden hacer eso y que el Estado esté informando por qué lo hace de esa manera. Por eso el fiscal dijo ‘nadie nos ha denunciado’ y tenía razón, pero hoy es diferente, ya mucha gente lo está haciendo.

¿Por qué razón el decreto 803 habilita a interponer una demanda ante la CIDH?

Porque no pasa el control constitucional, no pasa el control convencional, es violatorio de la Constitución y violatorio de los convenios internacionales, pero como en El Salvador y, ese es el punto de quiebre, que no existe independencia de poderes. ¿Dígame si voy a pedir inconstitucionalidad, cree que la van a declarar inconstitucional? Es imposible.

¿ Cuánto tiempo podría esperar un familiar demandante para interponer una demanda?

Este delito que han cometido contra estas personas es imprescriptible. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea por negación de tratamiento médico o la muerte violenta, es tortura en centro penal y, por tanto, es crimen de lesa humanidad y no prescriben, la gente puede hacerlo hoy, en 10 años, 20 años. Ese es el llamado que estamos haciendo a las personas.

Lo otro es que a nadie le dan la autopsia. Se tiene la pelota Medicina Legal y la Fiscalía porque el Protocolo de Minnesota dice que las muertes en centros penales deben ser exhaustivamente investigadas y entregarlas con fotos, ¿que ocultan? y la gente con un gran miedo, no habla, le deja la voluntad de Dios las cosas.

¿Y si no tienen las autopsias, cómo concluyen que los 48% fue muerte violenta?

Tenemos la fuente directa de las víctimas liberadas. Nos dicen que para Izalco tenían que pasar sobre grava en una cancha de 50 metros y, mientras pasaban de rodillas, los custodios les pegaban por las macanas. El compañero de este señor murió tres días después de estar agonizando y él lo vio morir. Así tenemos unos 50 testimonios de Mariona, Apanteos, Izalco. También tenemos el testimonio de familias, la parte del hospital, edema pulmonar. Hay fotos, hay videos.

¿Las detenciones de los tres estadounidenses las tienen documentadas?

Hay uno que ya está libre pero tenemos dos.

¿Usted decía en la conferencia que calculaba 100 casos de estos?

Nosotros hacemos un estimado porque la gente nos dice eso cuando sale; había uno en Jucuapa, que nos dijo que él vio ahí un montón de salvadoreños, pero que decían ser residentes permanentes de Estados Unidos o que habían nacido en Estados Unidos y que los habían mandado castigados. Así, tenemos en Mariona, en Izalco.