Las reformas habían sido aprobadas el 5 de abril de 2022, una era el inciso segundo del artículo 345-C del Código Penal que castigaba con 10 a 15 años de prisión la divulgación en medios de comunicación de “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas.
La otra fue el inciso tercero del artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, que prohibió a medios de comunicación estos mensajes.
La derogatoria de ambas reformas fue publicada en el Diario Oficial del 1 de diciembre e iniciará su vigencia el 9 de diciembre.
Sobre la reforma, diputados de Nuevas Ideas alegaron que pretendían evitar zozobra en la población con mensajes de pandillas; sin embargo periodistas calificaron las reformas como un intento de amordazar investigaciones sobre las pandillas y posibles pactos con el gobierno.