El nuevo artículo 34-A indica que el fiscal general “será la autoridad nacional competente” que designe “como terrorista nacional a toda persona natural o jurídica”, ya sea con investigación, proceso judicial, condena o por su pertenencia a algún grupo terrorista.
El listado de personas y entidades designadas como terroristas “será pública y se actualizará de forma periódica, de acuerdo con los procedimientos internos que el fiscal general instruya”.
Esta designación de terroristas que realizará el fiscal general podrá realizarse a petición de otro Estado siempre y cuando el otro Estado dé la información de identificación y de fundamento para la repectiva designación.
Inmovilización de cuentas y activos
La designación de terroristas podría conllevar a la inmovilización de las cuentas bancarias de los mencionados.El artículo 37 reformado indica que las instituciones financieras deberán informar de los bienes, servicios, fondos o activos “vinculados a una persona que haya sido incluida en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas elaborada por una autoridad o extranjera”; la Fiscalía informará también de la designación o inclusión de dichas personas.
Luego, la reforma indica que las entidades financieras o sujetos obligados en prevención de lavado “no realizarán operaciones que involucren los bienes” servicios, fondos o activos “hasta recibir instrucciones de dicha autoridad”, las cuales no podrán exceder de 24 horas, plazo en el cual la Fiscalía tomará “medidas para bloquear” los bienes o activos “de las personas mencionadas en el respectivo informe” y ordenará la retención o que se permitan los flujos.
La aprobación de la reforma ha sido criticada por la oposición política y defendida por Nuevas Ideas y funcionarios del gobierno actual.
El jefe de la bancada del FMLN, Jaime Guevara, ha asegurado que muchos gobiernos buscan silenciar la disidencia con leyes que criminalizan la libertad de expresión. Así mismo, César Reyes, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la consideró como posible herramienta de persecución contra la oposición.
El gobierno argumenta que pretende adaptar la legislación a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.