El diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, criticó la celeridad con que la Asamblea Legislativa aprobaría la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones y que su contenido responde más a una necesidad fiscal del Ejecutivo.

Wright reaccionó a las declaraciones que dio esta mañana el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, de que la reforma se aprobaría antes que finalice este 2022.

“El tema de pensiones va a estar para este año. Va a ser el regalo de navidad para la población", señaló Guevara en una entrevista radial.

El diputado de oposición valoró como “sospechoso” que se pretenda aprobar la reforma a las pensiones, aunque agregó que es “la forma típica de trabajar” de la actual legislatura.

“Y el hecho de que exista también esa velocidad y la clara intención de aprobar antes del cierre del año para mí más que nada revela que la reforma de pensiones responde a unas necesidades fiscales del gobierno”, dijo John Wright.

Sostiene que el contenido de la propuesta del ejecutivo difiere con la narrativa oficial de cuando se presentó la iniciativa.

“De hecho, tardaron en revelar el contenido de los proyectos de reforma y una vez revelados nos empezamos a dar cuenta que dentro de la narrativa gubernamental y la realidad hay muchas incongruencias”, expresó.

Indicó que una de las dudas es cómo será el manejo de la deuda previsional que sería transferida al nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones, las condiciones de esa deuda, cuál es la legalidad y constitucionalidad.

“Me parece que esos son temas que el gobierno no quiere profundizar y por tanto le va a dar su voto y sello en el muy corto plazo”, expuso.

También criticó que en el estudio que realiza la comisión ad hoc no se escuche a otros sindicatos, organizaciones y empresas interesadas en el tema. Agregó que la propuesta del gobierno es una reforma “excluyente” y no resuelve el tema de cobertura.

No apoya régimen de excepción

Wright Sol adelantó que votará en contra por la novena prórroga al régimen de excepción que se prevé aprobar hoy por la Asamblea Legislativa.

Criticó que se “normalizado” la violación a derechos humanos con el régimen de excepción y se ha convertido en la “política pública de facto” en materia de seguridad.