La diputada Marcela Pineda reaccionó en redes sociales ante la incertidumbre de periodistas sobre el alcance que tienen las reformas a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal y al Código Penal, que castiga con cárcel la transmisión de mensajes originados o presuntamente originados por pandillas.

La reforma penal castiga con penas entre 10 y 15 años de prisión a quienes por medio de teléfonos o dispositivos, radio, televisión, prensa escrita o digital transmita "mensajes" o comunicados "originados o presuntamente originados" por pandillas "que pudieren generar zozobra y pánico en la población"; y la reforma a la ley de proscripción de pandillas prohíbe expresamente a los medios de comunicación realizar esta transmisión de "mensajes".

Recientemente, los hermanos Óscar y Juan Martínez, periodista y antropólogo, comentaron que publicar sus libros que exponen el fenómeno de las pandillas en El Salvador podría ser motivo cárcel. “Déjenme describirles de esta forma la incertidumbre periodística con la que navego al día de hoy: promocionar mis últimos dos libros (uno en coautoría con mi hermano Juan), 10 años de investigación, podría costarme 15 años de cárcel si el régimen quiere. Yo no puedo. Ustedes, sí”, publicó Óscar Martínez, periodista de El Faro.

A esta publicación reaccionó la diputada con un hilo en Twitter, tratando de explicar la reforma, de la siguiente manera:

Primero, citó el artículo 8 de la Constitución de la República para decir que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Luego, sostuvo que la reforma no prohíbe publicar libros ni hablar sobre fenómenos sociales o "consecuencias a causa de las pandillas".

La reforma mediante la cual se penaliza la divulgación de imágenes o contenido producido o presumiblemente producido por pandillas en ningún momento incluye entre sus verbos rectores *la prohibición de difusión de libros de investigación, tampoco prohíbe hablar sobre fenómenos sociales, impactos económicos o consecuencias a causa de las pandillas; y mucho menos prohíbe la venta de dichas investigaciones.*".

Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas.


Pineda agregó que, penalmente, las acciones son atribuidas mediante "verbos rectores", es decir que "las acciones de las personas deben encajar en específico con alguna o algunas de esas conductas tipificadas como ilícitas” o delitos.

Según la legisladora, la reforma “ha sido clara” cuando establece que las conductas penalizadas son: "Reproducir, trasmitir mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población".

Sin embargo, la diputada enumera ciertas "acciones" que en este caso sí "encajarían" con el delito de transmitir mensajes de pandillas:

“Entonces la única manera que su acción encajaría en este tipo penal fuera si:

1) En lugar de ser investigador, fuera vocero de pandillas.

2) Si su libro en lugar de “investigar este fenómeno social”, fuera un libro que difunde mensajes (en cualquier plataforma) de los pandilleros.

3) Si su libro hablara sobre crímenes o las formas en que se cometieron. En caso que ese sea su contenido (encaja en otro tipo penal pues sería cómplice por no denunciar).

4) Si usted fuera pandillero o presuntamente pertenece a estos grupos y está generando zozobra o pánico a la población con sus mensajes plasmados en un libro.

Retoman hilo: "Importantes aclaraciones"

La publicación fue retomada por varios diputados de Nuevas Ideas. “Acá se pueden leer importantes aclaraciones”, escribió la diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas.

“Lectura obligatoria. Mensaje claro para los de El Faro”, escribió el jefe de fracción, Christian Guevara. Mientras, el diputado William Soriano retomó parte de la explicación de Pineda y cuestionó entrevistas a pandilleros.

“Los veo demasiado ansiosos por retomar sus entrevistas con mareros (lo escribió en mayúsculas). Al hablar de las reformas que penalizan la divulgación de imágenes, textos, comunicados o contenido producido o presumiblemente producido por pandillas, *deben valorarse* sus verbos rectores”, expresó Soriano en Twitter.

Luego del alza de homicidios de la última semana de marzo, el Gobierno inició una ofensiva de capturas contra miembros de pandillas, promoviendo reformas penales de aumento de penas carcelarias, aprobación de $80 millones para compras de armas y transferencias, y prohibición de grafitis y de transmisión de mensajes de pandillas. En diciembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a dos funcionarios del actual gobierno de negociaciones con las pandillas. El Faro ha publicado reportajes sobre estas supuestas negociaciones.

Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas. Fotografía: Gabriel Aquino.
Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas. Fotografía: Gabriel Aquino.

¿Qué dicen las reformas?

La reforma al Código Penal incorporó un nuevo delito penalizado con prisión de 10 a 15 años a quien elabore textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que explícita o implícitamente transmitan mensajes que hagan alusión a agrupaciones criminales y “tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población”.

Establece igual sanción a quienes por medio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información y a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general”.

Las reformas se aprobaron el 5 de abril de 2022 y ese mismo día se publicaron en la versión digital del Diario Oficial.

El 9 de abril de 2022, en redes sociales, Kevin Sánchez, quien al parecer labora con Nuevas Ideas, publicó en Twitter que presentaría un aviso ante la Fiscalía General de la República contra dos periodistas “por haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población” por una publicación periodística de un juez dejó libre a un pandillero pese a tener procesos penales abiertos. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su preocupación y condena ante cualquier uso de las reformas contra periodistas en el libre uso de la libertad de prensa.