El investigador sénior de la organización Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, cuenta que HRW seguirá trabajando con los Estados Unidos, la Unión Europea y organismos financieros para dar una respuesta “a la altura de la gravedad de la situación de los derechos humanos” en El Salvador.

No duda en decir que el país ha avanzado en tiempo récord hacia una dictadura y por ello cree que la “comunidad internacional tiene que actuar rápidamente”.

Niega que la organización internacional defienda a pandilleros, a quienes considera “criminales responsables de atrocidades” y de cuyas agresiones contra poblaciones vulnerables HRW ha venido realizando estudios. Sin embargo, advierte que defienden los derechos de “todos los salvadoreños” y que la mejor forma de evitar “el margen de error” referido por el presidente Nayib Bukele en las capturas es “respetar el Estado de Derecho”.

¿Por qué cree que se ha vuelto tan fácil confundir la defensa de los derechos humanos con la defensa de las pandillas en El Salvador?

Creo que aquí estamos ante una campaña de desprestigio del presidente Bukele contra cualquiera que se oponga o cualquiera que critique sus medidas en el país, y él utiliza un recurso que es propio de los gobiernos autoritarios y populistas como es el gobierno de Nayib Bukele y que hemos visto en otros sitios. A nosotros en Colombia nos han acusado de ser cómplices de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en Venezuela nos han acusado de ser cómplices de la CIA, es decir, son típicos ataques de gobernantes que no tienen argumentos y que se dedican a atacar al mensajero en lugar de atacar el mensaje y de responder de forma razonable. Creo que aquí el verdadero problema es que Bukele estigmatiza a la prensa, estigmatiza a la sociedad civil internacional y, sobre todo lo que es más preocupante, a la salvadoreña, pone en riesgo la posibilidad de hacer su trabajo y lo hace con argumentos pobres, completamente injustificados, vinculándolos con la operación de las pandillas.

¿Pero por qué es tan fácil que la gente, que se compra ese discurso, creer que alguien que está defendiendo los derechos humanos está defendiendo a los pandilleros?


Aquí hay dos factores, la popularidad del presidente Bukele, sin duda es enormemente popular gracias, en parte, a su campaña de comunicación, es un excelente comunicador y en parte que ha logrado bajar los homicidios en el país, inicialmente a través de la tregua con las pandillas. Entonces, esa popularidad ha hecho que muchos salvadoreños crean en él de forma casi dogmática o casi religiosa, me atrevería a decir.

Y, en segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la distorsión que hace de los argumentos el presidente Bukele. Aquí, en El Salvador y en cualquier parte del mundo, todas las personas, hayan cometido o no delitos, tienen derechos y hay que proteger esos derechos. Pero también es cierto que las medidas que ha hecho Bukele ponen en riesgo a todos los salvadoreños, no solo los derechos de los pandilleros, entonces, el presidente Bukele lo que hace es distorsionar los argumentos, sobresimplificarlos y venderles a sus simpatizantes la idea de que quienes defienden derechos humanos defienden a las pandillas y eso no es así. Defendemos los derechos de todos los salvadoreños y aquellos que han sido miembros de las pandillas y han cometido grandes abusos deben ser sometidos ante la justicia, por supuesto, respetando las garantías básicas del debido proceso que garanticen que ellos sean tratados de forma adecuada, en un Estado de Derecho y que nadie más, ningún otro salvadoreño inocente, sufra persecución judicial de forma injusta.

En Colombia nos han acusado de ser cómplices de las FARC, en Venezuela nos han acusado de ser cómplices de la CIA, son típicos ataques de gobernantes que no tienen argumentos y que se dedican a atacar al mensajero en lugar de atacar el mensaje”.

¿Cuáles son los argumentos de HRW para decir que las medidas tomadas en El Salvador violan los derechos humanos internacionales?

Las normas que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa en El Salvador tiene por lo menos cinco grandes problemas en materia de derechos humanos. Violan los estándares en materia de libertad de prensa, son tan amplias y tan vagas que se pueden utilizar para perseguir injustamente a periodistas o medios de comunicación, segundo, violan los derechos de los niños porque la edad mínima de imputabilidad penal son los 14 años y en El Salvador se quiere encarcelar a los niños a partir de los 12.

En tercer lugar, estas normas permiten penas desproporcionadas, por ejemplo, aquellos acusados de colaborar con las pandillas, lo cual está definido de forma sumamente amplia y podría utilizarse para perseguir abogados, periodistas, a miembros de la sociedad civil. Cuarto, se permiten los jueces sin rostro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los jueces sin rostro, en casos vinculados con el Perú, violan garantías básicas del debido proceso. El último aspecto es que las normas que se ha aprobado en El Salvador violan los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, la prisión preventiva solo puede ser por un caso estrictamente limitado y en situaciones muy excepcionales cuando el acusado va a intentar escapar a la justicia, las reformas permiten meter presa a gente sin someterla a un juicio justo por un periodo indefinido de tiempo, esto viola garantías básicas en el derecho internacional.

El presidente ha dicho que siempre habrá 1 % de error. Algunos creen que para resolver un problema tan grande en El Salvador es necesario que paguen algunos justos por pecadores, ¿qué opina de esta afirmación?


La afirmación del presidente Bukele, de que siempre va a haber un 1 % de margen de error, me parece una afirmación de una persona frívola, me parece una afirmación frívola, aquí no estamos hablando de un margen de error, aquí estamos hablando de lo que pueden ser violaciones a derechos humanos.
Las personas que han sido detenidas injustamente, que han sido privadas injustamente de su libertad, no solo deben liberadas sino compensadas por los daños injustos que han sufrido.

La forma de evitar lo que Bukele llama margen de error es respetar el Estado de Derecho, es restablecer las normas básicas establecidas en la Constitución, es establecer las audiencias en 72 horas frente a un juez, eso es lo que deberían hacer para evitar que paguen justos por pecadores.

¿Cómo debería actuar el gobierno frente a los pandilleros?

La respuesta a los pandilleros tiene que ser muy clara, primero, hay que fortalecer las instituciones judiciales, el régimen de Bukele ha hecho exactamente lo contrario, debilitando su independencia.

Darles mayor capacidad para actuar de forma independiente, para hacer inteligencia sobre cómo operan estas pandillas, investigar y capturar a los responsables de estos graves abusos, la estrategia tiene que ser no simplemente capturar sino desmantelar estos grupos criminales, atacando sus redes de financiamiento, atacando las conexiones corruptas que permiten que estos grupos armados pandilleros operen en el país. En tercer lugar, hay que tomar medidas serias para proteger a los salvadoreños, para que se sientan más seguros en las calles y darles más oportunidades a los salvadoreños. No puede ser que algunos jóvenes sientan que la única salida que tienen es sumarse a estos grupos criminales.

¿Es indispensable el respeto al debido proceso aun cuando la extensión del periodo de detención provisional facilite la captura sin investigaciones certeras a personas tatuadas?

En un Estado de Derecho lo que corresponde es primero investigar sobre la base de evidencia, capturar y luego judicializar. Lo que está ocurriendo en El Salvador es precisamente lo contrario, aquí primero se captura, luego se tuitea y eventualmente se investiga. Esto contradice garantías básicas de debido proceso. Cuando la Asamblea o la Fiscalía dicen ‘hemos prorrogado el plazo de 72 horas a 15 días para poder recabar pruebas’, lo que están es reconociendo que están capturando a gente sin evidencia, les están capturando simplemente sobre la base de su apariencia, eso abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones a derechos humanos, y a capturar salvadoreños que nada tienen que ver con la ola de violencia que ha habido recientemente en el país.

Cuando la Asamblea o la Fiscalía dicen ‘hemos prorrogado el plazo de 72 horas a 15 días para poder recabar pruebas’, lo que están es reconociendo que están capturando a gente sin evidencia”.

¿Dónde ha estado HRW todo este tiempo, por ejemplo, en 2015 hubo 6,600 homicidios?, ¿dijo algo HRW en ese momento?

Nosotros hemos estado siguiendo la situación de El Salvador hace muchos años, hemos entrevistado a cientos de víctimas de las pandillas y hemos publicado tres informes grandes sobre el accionar de las pandillas en El Salvador; por ejemplo, un informe documentando cómo atacan a las personas LGBT o cómo atacan a las mujeres o cómo atacan a las personas deportadas de los Estados Unidos y muchos de ellos han sido asesinados por estas pandillas; también tenemos un informe entrevistando a migrantes y refugiados salvadoreños que debieron huir de la violencia de las pandillas.

Llevamos muchos años documentando la situación de cómo sufre, la falta de respuesta estatal para proteger a la población civil y los gravísimos abusos, incluyendo reclutamiento de menores, desapariciones, violencia sexual, que cometen estos brutales grupos pandilleros.

¿No están ni por cerca a favor de las pandillas?

Mira, nosotros las pandillas nos parecen grupos criminales, delincuentes, que deben ser sometidos ante la justicia, son responsables de atrocidades, reclutan menores, violan mujeres, es realmente horroroso lo que hacen estos grupos pandilleros. Pero para proteger a los salvadoreños de estos grupos precisamente lo que se requiere es fortalecer la independencia judicial, los derechos de los salvadoreños y lamentablemente esto es lo contrario de lo que ha hecho el régimen de Nayib Bukele en el país.


¿A qué sanciones se podría enfrentar El Salvador, ya Estados Unidos se pronunció?

Nosotros vamos a seguir trabajando tanto con el gobierno de los Estados Unidos, también con la Unión Europea, también con los organismos internacionales de crédito como el IMF (Fondo Monetario Internacional), que hace una respuesta a la altura de la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país. No puede ocurrir que el régimen de Bukele suspenda y viole garantías básicas del debido proceso y derechos humanos en el país y la comunidad internacional se quede en silencio. Nosotros vamos a actuar para que aquí haya una respuesta multilateral, concertada, de la comunidad internacional, en algunos casos debe incluir sanciones dirigidas a funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos y del desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador.

Es importante que haya una posición clara de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que en su relación bilateral con El Salvador priorice el tema de los derechos humanos, y le dejen claro que no se puede salir con la suya y que afecta en su relación bilateral.


¿Cómo es visto El Salvador respecto a Venezuela y Nicaragua?

El Salvador va camino a ser una dictadura como son Nicaragua y Venezuela, aquí cada vez hay más concentración de poder en una sola persona, hay cada vez más violaciones al debido proceso, violaciones de las garantías fundamentales de los derechos humanos, actos que amenazan la libertad de prensa y el ejercicio de la sociedad civil. Lo que ha ocurrido en El Salvador en los últimos dos años es lo que ocurrió en la Venezuela de Chávez en 10 años, la velocidad en la que se está desmantelando el Estado de Derecho es a tiempo récord en El Salvador, por eso creemos que la comunidad internacional tiene que actuar rápidamente para detener este deterioro en el Estado de Derecho en El Salvador.

El perfil:


Juan Pappier
Investigador sénior de la División de las Americas de Human Rights Watch
Estudios: estudió derecho en la Universidad Torcuato di Tella en Argentina y obtuvo su LL.M. en Derecho Internacional en el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza.

Experiencia: ha realizado investigaciones y escrito informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represión contra manifestantes, y ataques contra el Estado de derecho, entre otros asuntos. Su trabajo ha sido citado en el New York Times, Economist, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal y Le Monde.