Así, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica actualmente vigente, desde el 12 de abril de 2017, fue aprobada en marzo de 2017 luego de que la sancionara el entonces presidente, Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y su aprobación fuese respaldada por sus aliados, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y otros partidos políticos.
La prohibición ocurrió también después de que la empresa OceanaGold, que era propietaria del proyecto minero El Dorado, en Cabañas, perdiera, el 14 de octubre de 2016, un arbitraje en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y tuviera que pagar $8 millones al Estado de El Salvador por los gastos en el proceso iniciado por Pacific Rim, que fue propietaria de El Dorado hasta noviembre de 2013.
Luego de la prohibición de la minería, OceanaGold decidió salir de El Salvador, expuso que no tenía "planes de continuar invirtiendo en El Salvador". Según su sitio web, concluyó todas sus actividades en el país el 15 de septiembre de 2017 y "finalizó la venta de las propiedades en El Dorado" en julio de 2019.
Antes de la prohibición, 11 organizaciones sociales se unieron en la "Mesa Nacional frente a la Minería Metálica" desde 2004 con una propuesta para derogar la Ley de Minería de 1995 y otra de prohibición presentada en 2011 ante la Asamblea Legislativa, y trabajo comunitario. El movimiento, incluso, atribuye cinco muertes de sus miembros a su lucha contra la minería en Cabañas, según Saúl Baños, miembro de la Mesa, entrevistado en la red de organizaciones "Civicus".
Hacia 2006, El Salvador había autorizado la exploración de metales a varias empresas.
De acuerdo con un estudio de la Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña (UNES) realizado en 2008, con la implementación de 25 proyectos mineros en El Salvador, se proyectaba una extracción de 12 millones de onzas de oro y 78 millones de onzas de plata, removiendo 16,000 toneladas diarias de mineral crudo y aplicando 950 toneladas de cianuro con 22 millones de litros de agua diarias para la "lixiviación" y otros 164 millones de litros de agua para bombeo subterráneo.
Esta actividad, calculó, podía dejar una ganancia de $10,000 millones, la mayoría para las empresas mineras, y 14,000 empleos; pero a costa de afectaciones a la salud de cuatro millones de personas y 16,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Una de las autorizaciones de exploración fue otorgada para la mina El Dorado, que según la UNES tiene 72 kilómetros cuadrados en una zona entre los distritos de San Isidro y Sensuntepeque, Cabañas Este y era propiedad de Pacific Rim, que solicitó la autorización ambiental y la concesión de explotación, argumentando que podría usar "concentraciones de cianuro menores del estándar".
Antes de esas autorizaciones de exploración, según la UNES, El Salvador tuvo actividades de explotación minera de 1870 a 1950 en San Cristóbal; desde inicios de 1900 en San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión; en El Dorado, desde 1948 a 1953; y en San Sebastián por la empresa Commerce Group Corp. en 2002.
En redes sociales, el historiador salvadoreño Héctor Lindo recuerda la experiencia minera de El Salvador hace 100 años, cuando en 1912, el entonces presidente Manuel Enrique Araujo recibió por escrito la queja de 49 salvadoreños que vivían cerca de las minas de San Sebastián por la contaminación de tierra, ríos y muerte de ganado que estaba provocando el uso de cianuro para extraer el oro.
En su video, Lindo cuenta que, en 1915, un incendio en la mina de oro de El Divisadero, Morazán, provocó la muerte de 50 trabajadores, aunque en este momento el gobierno dijo que "las pérdidas habían sido mínimas".
En sus recientes campañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica aún sigue reclamando la aplicación plena de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que exigía cierres y remediación ambiental de las mineras, prohibir la minería artesanal –le daba un plazo de dos años para reconvertirse a otra actividad productiva– y brindar asistencia técnica y financiera a las familias que se sostienen de esta actividad.
La reversión de la prohibición total a la minería ha sido un temor para los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, quienes también vinculan a su lucha antiminera a un proceso judicial abierto contra cinco de sus miembros por el asesinato a una mujer durante el conflicto armado. El 2 de mayo, en una marcha pidieron a la nueva Asamblea Legislativa no derogar la prohibición.