La nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones suprimió la disposición de la derogada Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que obligaba al Estado a aportar hasta un máximo de 2.5 % de los ingresos corrientes del presupuesto general a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS).

La nueva ley aumentó un punto la cotización aportada por el empleador a la CGS y no incluyó la disposición de la ley derogada, que indicaba que el Ministerio de Hacienda debía hacer “aportes mensuales” a la CGS de 1.7 % de los ingresos corrientes en 2018 y 2019, y de un máximo del 2.5 % desde 2020.

La CGS fue creada en 2017 alimentada también de un porcentaje de las cotizaciones, que disminuiría con los años, y destinada al pago de pensiones mínimas cuando a los pensionados se les agota su cuenta individual.

La reforma lo que busca es reforzar el pilar solidario porque muchas personas sus cuentas individuales se han agotado”. Economista especialista en pensiones

Responsabilidad última del Estado.

“Es un cambio muy importante porque ese 2.5 % representaba alrededor de $160 o $170 millones anuales que ingresaban a la CGS”, indicó un experto consultado por Diario El Mundo, sobre la supresión de disposición.

Sin embargo, el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, explicó que esta modificación se subsana cuando se establece que el Estado es responsable de pagar la pensión mínima si a los afiliados se le agotan los ahorros propios.

El artículo 120 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones indica que el sistema tendrá la “garantía de pago del Instituto Salvadoreño de Pensiones” (ISP) y que, si “dicha participación resultare insuficiente”, le corresponderá concurrir al Estado” conforme al artículo 50 de la Constitución.

El Estado es responsable de pagar la pensión mínima cuando a la gente se le acaben los ahorros propios. Ahí se subsana el detalle”. Carlos Acevedo, expresidente del BCR

Déficit de la CGS.

Un tercer economista consultado por Diario El Mundo reiteró que el último responsable es el Estado, pero advirtió que la CGS iba a enfrentar un déficit a partir de 2026 y, con la reforma, el gobierno buscaría evitar el impacto fiscal que tendría tarde o temprano el creciente déficit o números rojos que se auguraban en la CGS: $42 millones en 2026, $108 millones en 2027, $162 millones en 2028.

“Con eso el gobierno, al menos por el momento, logra ya no aportar tanto a la CGS, me parece que es una estrategia para evitar el impacto fiscal que tiene el tema previsional en la gestión de la caja del gobierno”, analizó.

Para el académico, la reforma otorga un mayor aporte a la CGS que a la cuenta individual del trabajador, debido al punto adicional de la cotización. Lo ve como un refuerzo al pilar solidario.

La ley derogada, por el contrario, establecía una caída gradual de la cotización destinada a la CGS: 4.5 % desde 2028 a 2 % desde 2050 y por tanto un subsidio estatal cada vez mayor.

El dato

De acuerdo a los economistas consultados, el Estado es el último garante del pago de las pensiones, pero la ley actual no establece un mecanismo de inyección estatal a la CGS.

La cuenta CGS

  • Reforma 2017
La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) fue creada en la reforma de 2017 como un mecanismo de pago presente y futuro de la pensión mínima sostenible “de manera estable y vitalicia” en el artículo 116-A.
  • Déficit de CGS
La insuficiencia de las cuentas individuales y la longevidad provocan que la proyección de la CGS pasa de $92.29 millones en 2024 a $40.25 millones en 2025 y un saldo en rojo a partir de 2026, de -$42.08.

La reforma

  • Déficit total
Un informe de la SSF que cita resultados de una valuación actuarial 2019-2118 indica que el déficit de CGS sumado al déficit del Estado para pagar pensiones del sistema público resultaría de $600 millones en 2024.
  • Sube el aporte
La reforma 2022 agregó 1 punto de la cotización del trabajador (aportada por empleador) a la CGS, que sube del 5 % al 6 %. En la ley derogada, el aporte a la CGS bajaba a 4.5 % en 2028 y a 2 % en 2050.