Ante esto, la cooperación española presentó el pasado 6 de junio una propuesta de reglamento elaborada durante un año en conjunto con asociaciones de personas con discapacidad, líderes comunitarios, madres cuidadoras y organizaciones sociales, quienes expusieron sus necesidades específicas durante el proceso.
En el evento de presentación únicamente asistió, en representación del Legislativo, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, quien criticó duramente la falta de voluntad política para implementar la ley. “La ley fue aprobada en junio de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021, pero desde entonces no ha tenido reglamento. No hay excusa para semejante irresponsabilidad por parte del Conaipd”, declaró.
Rivas recalcó que, sin el reglamento y sin la operación del Tribunal Sancionador, la ley permanece como una norma inactiva, sin herramientas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, personas sordas, no videntes o con problemas de movilidad.
Según la legisladora, el reglamento fue entregado al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y a representantes de otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo. “Lo que se espera ahora es que se tome en cuenta esta propuesta y que el Estado salvadoreño actúe como garante de los derechos de este sector históricamente vulnerable”, enfatizó.
Rivas reprochó que el retraso en la implementación del reglamento, así como las repetidas prórrogas al capítulo del Tribunal Sancionador, evidencian una grave negligencia y una falta de empatía institucional hacia las personas con discapacidad. “Esta ley, sin reglamento, sigue siendo letra muerta”, lamentó.