La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que "se debe crear una ley especial que ataque a las pandillas" y que no vulnere los derechos constitucionales de todos los salvadoreños que se pierden con la implementación del régimen de excepción.
“Que se haga una ley especial que traiga los elementos que se usan en el régimen de excepción pero respetando los derechos constitucionales de los ciudadanos incluyendo herramientas de prevención y combate a las pandillas”, expuso la diputada de Arena.
La valoración de la diputada Villatoro se debe a que la Asamblea Legislativa aprobaría hoy la 25ª prórroga del régimen de excepción, que a la fecha registra 78,175 capturados. Agregó que es necesario que se proteja a la ciudadanía de abusos por malos elementos policiales y militares.
“Se necesita una legislación completa que garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos, así como la protección a abusos por parte de miembros de la corporación policial y militares a fin de proteger a la población que no ha cometido delitos. Ya pasaron más de dos años y ya debería de existir una legislación permanente y no continuar con prórrogas”, aseveró.
La legisladora instó a las autoridades policiales y militares a hacer una “depuración” en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada por los abusos "a costa" del régimen y a que las autoridades rindan un informe sobre medidas preventivas para frenar los abusos.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, también del partido tricolor, dijo que, “después de dos años, ha llegado el momento de buscar la forma de regresar al debido proceso, sin perder los resultados obtenidos. No podemos permitir que los sacrificios de miles de inocentes se pierdan”. En este sentido, aseguró que dentro de la fracción de Arena “construirán una propuesta para discutirla con el oficialismo. Esperamos escuchen a aquellos ciudadanos que piden un estado de derecho en el país”, aseguró.
Señaló que, con una política de seguridad que restablezca el Estado de Derecho, el país podría “avanzar y progresar económicamente", pero que para que esto suceda se debe "restituir la seguridad jurídica, condición indispensable para que la inversión se pueda expandir en la economía”.
En estos más de dos años del régimen, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente durante el régimen de excepción, entre capturas arbitrarias, torturas y otras agresiones. Recientemente, Amnistía Internacional en su portal web publicó un artículo haciendo referencia a los dos años del régimen que tituló "El Salvador: la institucionalización de la violación de derechos humanos tras dos años del régimen de excepción”. El artículo señaló que ya han pasado dos años de una medida de carácter extraordinaria y temporal, y del inicio de una serie de reformas a la legislación penal que atentan contra la presunción de inocencia y el derecho de defensa, entre otras garantías del debido proceso; y que el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
En ese artículo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, cuestionó "la persistencia del gobierno de Nayib Bukele en mantener el régimen de excepción, la adopción de medidas desproporcionadas, y la negación, minimización y ocultamiento de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas".
