Un informe de la Iniciativa Votante, que hace un recuento de los recortes presupuestos para los procesos electorales, sostiene que los presupuestos solicitados por el TSE “siempre son recortados” por las instituciones que intervienen en su revisión pese a que la Constitución no lo permite.
El presupuesto solicitado que más ha sufrido recortes desde 2003 fue el presentado para las elecciones presidenciales de 2014, de $56.2 millones, ya que fue disminuido a $40 millones luego de una reducción de $16.2 millones.
Votante señala que, pese a que la Constitución indica que el Ministerio de Hacienda “sin modificaciones hará los trámites” para la aprobación de los presupuestos extraordinarios, Hacienda siempre los ha recortado.
Sin mecanismo legal.
En el informe, la Iniciativa Votante advierte que “no existe un procedimiento específico” en la normativa para recortar los presupuestos electorales una vez los presenta el órgano electoral a Hacienda.La presidenta del TSE, Dora de Barahona, detalló el lunes pasado que Hacienda hace “un recorte en total general” y que el TSE junto a su equipo técnico “hace los ajustes a los programas”.
Pese a que el TSE debería gozar de autonomía financiera según el artículo 208 de la Constitución, Votante afirma que “la autonomía financiera no es plena”, ya que el presupuesto ordinario del TSE y extraordinario electoral dependen de Hacienda y de la Asamblea Legislativa.
Esta red, conformada por Acción Ciudadana, Auprides, Creo, Fusades, Tracoda y el Centro de Fortalecimiento Democrático de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, señala que la autonomía financiera se limita cuando Hacienda puede modificar el presupuesto.
Esta dependencia, indica, tiene consecuencias “en los procesos electorales para legitimar el relevo de las nuevas autoridades públicas”, pues planes electorales pueden ser “modificados” según disponibilidad de fondos aprobados.
Votante sugiere estudiar una “asignación porcentual mínima” de ingresos corrientes del presupuesto estatal para poder asegurar la independencia del TSE, pero garantizando que la asignación está bajo el escrutinio público.