De las 328 agresiones registradas, la mayoría son difamación y descrédito, 74; acoso u hostigamiento, 29; restricciones del ejercicio periodístico, 26; ciberacoso, 26; estigmatización, 23; y amenazas, 19. Cinco de cada 10 agresiones son dirigidas a mujeres, indica el informe. De los casos, el 56 % de agresiones ocurrieron en espacios físicos y un 43 % en el entorno digital, dentro de los cuales el 75.6 % ocurrió en la red social Twitter.
Gabriela Colocho, integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, aseguró que más del 55 % de agresiones están siendo cometidas por el Estado. La Mesa detalló que les preocupa la participación de funcionarios como principales perpetradores de las agresiones, con más del 50 %. Añadió que el 40 % son cometidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 15 % son cometidas por diputados de la Asamblea Legislativa. Señalaron también la participación de funcionarios públicos como presidente, vicepresidente y ministros.
Piden no prorrogar el régimen
Luego de presentar el informe, las organizaciones pidieron a los órganos del estado: el cese de las agresiones, amenazas e intimidaciones a los defensores de derechos humanos, no limitar las acciones de defensa de los derechos humanos, atender recomendaciones de las instancias internacionales y no prorrogar el régimen de excepción.“No se prorrogue por más tiempo el régimen de excepción al ser una medida que atenta directamente al ejercicio del derecho a defender derechos”, indicó la representante. Aseguran que durante el régimen de excepción ha habido 15 agresiones cada mes.
Gladys Larín, representante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, citan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la descalificación puede generar un clima de intolerancia y hostilidad que dificulte el ejercicio de la libertad de asociación.
El informe incluye el registro directo de casos documentados por las organizaciones y monitoreo de medios de comunicación, en donde señalan la “persistencia de un patrón de agresiones contra las organizaciones de derechos humanos y periodistas”. Advierten “un cambio en la forma de ataque” de agresiones individuales a “agresiones más colectivas”.
Denunció la detención de cinco defensores de miembros de la comunidad Santa Marta acusados de crímenes ocurridos durante la guerra.
Las organizaciones señalan que el nuevo instructivo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, que iniciará su vigencia el 6 de junio de 2023, también "estaría limitando a muchas organizaciones si estas no cumplen todos los requisitos".
El informe incluye 182 casos documentados por el Centro de Monitoreo de Agresiones de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y 82 casos documentados por la Red Salvadoreña de Defensora de Derechos Humanos, el 79.7 % de los agredidos eran defensores de la libertad de expresión y de prensa, y el 14.28 % defensores de derechos de las mujeres.