Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa, aseguró que “esta ley se traduce en conflictos por la tenencia de la tierra” de los habitantes de las zonas potencialmente explotadas, especialmente en la zona norte del país.
Flores explicó que la disputa por los terrenos traerá también afectaciones en la producción agrícola, no solo por la falta de los mismos sino porque considera que “la minería vendría a dejar obsoletos los territorios”.
“Estaría aniquilando la biodiversidad e inclusive los elementos fundamentales para la producción campesina e indígena del país”.
Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa.
Por estas razones, el sindicalista advierte “una reducción en la producción de alimentos”, sumándose los problemas de salud que causaría la contaminación de la minería por el uso de químicos para la extracción del oro.
Esto ocasionaría que “el país pierda la capacidad de producir sus propios alimentos”, recurriendo cada vez más a la importación de alimentos, que cree “beneficia a ciertos grupos”.
La ley de minería metálica fue aprobada el lunes 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. La misma ley derogó la prohibición de la minería metálica que estuvo vigente en El Salvador desde 2017.
Las autoridades de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y minas ha prometido que uno de los beneficios de la nueva ley será “la limpieza de los ríos del país”, aunque sectores ambientales critican que los gobiernos salvadoreños no cumplieron con el cierre total de minas explotadas en el pasado, que han seguido contaminando el agua del río San Sebastián, en La Unión.