Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo”, que establece multas de $500 a $100,000 a los distribuidores por cometer abusos en la venta de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles.

La nueva ley fue aprobada tres días después del vencimiento de la anterior y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

La normativa establece multas desde $500 hasta $10,000 si las estaciones de servicio no permiten inspecciones o si las distribuidoras de gas incumplen el precio máximo de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Además, establecen multas desde $10,001 hasta $100,000 a los distribuidores que incumplan la legislación o la reglamentación, no atiendan la instrucción de interrumpir la salida de vehículos durante una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros.

La nueva ley castiga expresamente con multas de $10,001 hasta $100,000 a las empresas si cobran los cargos de FEFE ($0.16 por galón de combustible) y Cotrans ($0.10 por galón de combustible), los cuales fueron restablecidos el 27 de septiembre de 2022, en aquel entonces, debido al “comportamiento hacia la baja” del precio del petróleo.

Los diputados no se refirieron a estas sanciones aprobadas para los establecimientos que cobren el FEFE y Cotrans, impuestos que actualmente están vigentes y que son recaudados por el Ministerio de Hacienda. Tampoco explicaron esta modificación en la solicitud del proyecto de ley.

Este año, la recaudación en ambos cargos ya suma $47.9 millones, $1.7 millones más de la alcanzada durante el mismo periodo del año 2024. En detalle, el gobierno ha recaudado $22.4 millones en FEFE y $25.5 millones en la Contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo (Cotrans) en los primeros cinco meses de 2025 según el Portal de Transparencia de Hacienda.

Por la guerra Israel-Irán

La ley original que castiga abusos en las ventas de GLP y combustibles fue aprobada en 2022 con el argumento de los efectos que causaría en los precios la guerra entre Ucrania y Rusia, pero la última prórroga de esta normativa venció el 30 de junio de 2025.

Dicho decreto legislativo 311 fue aprobado el 13 de marzo de 2022. En la última prórroga, el 11 de diciembre de 2024, el gobierno argumentó que “la coyuntura mundial descrita se mantiene vigente”, referida al “conflicto bélico Ucrania-Rusia y la OTAN”. En la nueva ley aprobada ayer el gobierno expuso que la guerra entre Israel e Irán ha provocado aumento de precios.

“Dada la coyuntura mundial por el conflicto bélico que se ha agudizado entre los Estados de Israel e Irán, ha generado alzas en los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que es necesario emitir el presente decreto, con la finalidad de evitar abusos en la distribución y comercialización de productos de petróleo”, argumentó el gobierno en uno de los considerandos del decreto.


El decreto aprobado ayer establece esta obligación a las empresas dedicadas a la venta o distribución de productos de petróleo.
El decreto aprobado ayer establece esta obligación a las empresas dedicadas a la venta o distribución de productos de petróleo.



No cumplir la obligación
No cumplir la obligación "f" conllevará una multa de hasta $100,000 según el decreto aprobado. Así fue leído en la sesión plenaria.