El proyecto de "Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego en el país" con el fin de tener un “real y efectivo control de armas" fue solicitado por diputados de Nuevas Ideas el pasado 11 de junio. Estas disposiciones transitorias entrarían en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y finalizarían el 31 de diciembre de 2024.
El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, hizo una observación sobre la presunción de inocencia. “Si bien es cierto tenemos la potestad de emitir leyes pero que estas tengan apego constitucional y no tener percances a futuro”, advirtió.
Señaló que el artículo 7 excluye a las “personas que estén siendo procesadas o se encuentren cumpliendo penas por cualquiera de los delitos previstos o sancionados por el Código Penal”.
“Dice las personas que estén procesadas. Me llama la atención. El artículo 12 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser condenado, una sanción sea esta administrativa o penal, los que estén procesados estarán excluidos pero ¿qué pasará si ellos resultan absueltos? Mientras que estén procesados, da a entender cualquier persona procesada no podrían ellos tomarse en cuenta para que puedan hacer legalización de armas. Es decir, estamos dando una sanción sobre algo que todavía no se le ha impuesto porque el artículo 12 es bien claro”, explicó el legislador.
El diputado dijo que “ese principio de presunción de inocencia no se va a poder generar si se deja la norma como está”.
Coto pidió también analizar la exclusión de personas que se encuentren cumpliendo condenas “por cualquier delito” y sancionados en el Código Penal.
“Por cualquier delito que estuviese vinculada la persona se le imposibilitaría el hecho de que también ellos puedan optar a legalizar un arma como tal”, afirmó. Sugirió “hacer un análisis profundo a fin de que no se violente la norma constitucional pero a la vez se faculte a las personas si en su caso está en un proceso abierto”.
El diputado Caleb Navarro aseguró que el decreto pretende “tener un control efectivo del armamento existente” en el país. “Esta ley no incentiva a que se arme la gente”, dijo.
Navarro aseguró que en San Miguel, “muchos empresarios se armaron para defenderse de las pandillas y no están registradas”. “No son malos ciudadanos, son personas particulares que para su defensa la adquirieron, y la adquirieron con una factura y un recibo y uno tienen matrícula”, explicó.
Como no lo tenían, ellos comenzaron a adquirir armas de fuego pero también debemos recordar que venimos de un conflicto armado donde ingresaron muchas armas de fuego y muchas personas se quedaron con esas armas de fuego.
Navarro aseguró que el artículo 5 indica que se deberá “comprobar que las armas de fuego no son prueba en ningún hecho delictivo”, ya que en esos casos será destruida, exceptuando las armas propiedad de la Fuerza Armada, PNC y las extraviadas, hurtadas o robadas, las que se devolverían a sus legítimos propietarios si no han estado vinculadas a delitos.
El diputado Benjamín Zavaleta, también de Nuevas Ideas, aclaró que la iniciativa no es para promover las armas. “Ustedes los jóvenes tienen que aportar algo a nuestro país”, dijo.
La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que si alguien no realiza el trámite, esas armas se van a considerar ilegales. “Es una responsabilidad individual”, afirmó. El diputado Navarro también observó que es importante decirle a la población que necesita tanto la matrícula de arma como la licencia de uso.