Según el estudio de opinión pública, los salvadoreños no están de acuerdo con todos los elementos del régimen de excepción a pesar de estar de acuerdo en general con la medida.
Por ejemplo, un 88 % de la población está en desacuerdo con que las autoridades no informen “sobre la forma en que ocurren las muertes ni tampoco informan oportunamente a los familiares”. Solo un 9 % –uno de cada diez salvadoreños– avala que no se le entregue información a los familiares de los detenidos.
De los salvadoreños que creen que es urgente que se investiguen estas muertes, un 57.6 % dice que es “muy urgente”, un 19.2 %, que es “algo urgente” y un 11 % dice que es un “poco urgente”.
Solo 8.7 % indica que es “nada urgente”. El resto no sabe o no responde.
De acuerdo a la organización Cristosal, en un año de régimen de excepcción, un total de 132 personas han fallecido bajo custodia policial. Un informe conjunto de las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista, Amate El Salvador, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), Azul Originario, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Red de Defensoras registró 111 muertes en el año.