El informe anual Amnistía Internacional 2022-2023 presentado este martes indica que El Salvador enfrenta un “deterioro grave” del acceso a la información pública, un debilitamiento del Estado de derecho y violaciones masivas de derechos humanos por el estado de excepción.
El informe asegura que “la mayoría de las más de 60,000 detenciones” en el régimen de excepción son “presuntamente arbitrarias” por carecer de orden de arresto o flagrancia y por basarse en tatuajes, antecedentes penales o lugar de residencia.
Sostiene que a la mayoría de detenidos “se les negó el contacto con sus abogados”, “el acceso al expediente de caso”, “la información sobre los motivos de su detención” o el “derecho a ser oídas en la vista de acusación formal”. “Se ocupaban de cientos de casos de acusación a la vez”, explica.
En contraposición, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró en el canal estatal de televisión que “a cada uno de esos detenidos, la PNC, la FAES, les ha garantizado informarles por qué motivos se ha realizado esa detención” y “el derecho a la defensa técnica”.