Para la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el argumento de la SSF no es válido ya que son fondos privados los que están en juego y, en segundo lugar, señala que pareciera que el gobierno trata de “tapar” algo. La SSF, según el índice de reserva, argumenta que no se puede revelar procesos en trámite investigados por la Fiscalía General de la República.
“Considero que ningún expediente de este tipo y que concierne al público en general debería tener ningún tipo de reserva, de hecho no entiendo porqué le están poniendo reserva si son fondos privados y parecería que lo que están buscando es tapar algo o a alguien del Estado, porque no sabemos si alguien ha sido partícipe de este caso y es una forma de encubrimiento”, cuestionó la diputada Villatoro.
La legisladora criticó que el gobierno, al contrario de ser transparente, no da ningún tipo de información del caso, ni del accidente en el cual falleció el gerente de COSAVI, Manuel Coto Barrientos, junto a cuatro altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Hasta la fecha han pasado semanas y no les han informado de una nueva capa y siguen esperando; se le pidió a la Superintendencia que les diera calendarización para que supieran cuándo podían hacer retiro de sus ahorros y hasta la fecha no se les ha dado ningún tipo de información; se dijo que se iban a hacer investigaciones para saber lo que había sucedido en el accidente, donde lastimosamente, perdieron la vida muchas personas, y a la fecha no conocemos nada, si fue error involuntario, si fue algo de la naturaleza... Pero todo este caso se ha dado bajo una oscuridad increíble, donde nadie sabe la verdad”, cuestionó.
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Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló que en esta administración ya es una práctica reservar la información y con esas decisiones no se fortalece la democracia.
“En esta administración, en este tema de caso COSAVI, y en otros temas importantes como casos de la pandemia, como datos epidemiológicos, como políticas públicas y hasta en lo impensable, se ponen reservas de información y así nuestro país no va a lograr una verdadera democracia y que el poder esté en manos de los ciudadanos”, expresó Ortiz. La legisladora dijo que el gobierno comete abuso de reserva de información y sobre casos en los que no hay argumento válido para que lo haga.
“Normalmente en esta administración las reservas a la información no son coherentes con las causales que la ley establece, por ello nosotros en septiembre de 2021 presentamos unas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y una de esas reformas pretendía blindar el abuso de la reserva de información, de manera que una reserva de información debería estar sumamente justificada y explícita de por qué ocultar información es más beneficioso para la sociedad que hacerla pública", sugirió.
Para lla diputada Villatoro, lo importante es que los afectados recuperen sus ahorros. “El gobierno debería buscar la forma que esto sea lo más transparente posible y no solo eso, sino que la gente pueda tener resultados y que esos resultados sean que sus ahorros sean efectivos para ellos, entonces, es una decisión lamentable la que han tomado y ojalá que recapaciten y retiren esa decisión”, aseveró.
“Es decisión de ellos”
Al pedirle su valoración sobre esta reserva al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respondió que al parecer la reserva busca proteger la investigación en desarrollo de la Fiscalía General de la República y en todo caso tiene que ser la SSF quien dé respuesta.“No sé en realidad cuál es el detalle del fundamento, entiendo, por algunas noticias que he leído, es que el fundamento es que hay una investigación, en donde hay elementos que no pueden ser de cara... Que pueden obstruir las investigaciones que se están haciendo y que por eso ellos (la SSF) están decretando esa reserva, sin embargo como entenderán es una decisión de ellos, yo creo que los que deberían de responder son ellos”, dijo Castro.
El 17 de septiembre, ocho días después de que muriera el presidente de COSAVI, Manuel Coto Barrientos, cuando era trasladado luego de ser capturado en Honduras, la SSF habilitó una nueva capa de retiro de ahorros en cuentas iguales o menores a $25,000 para los socios de la Cooperativa.
La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el cual asevera que la reserva fue decisión judicial.
