La Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (Fespad) y y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis) aseveran que la vigencia del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) "los criminaliza" y potencia la cancelación de oenegés, en similar situación de Nicaragua y Guatemala.
Henri Fino, director ejecutivo de Fespad, afirma que el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR es "invasivo, coarta la libertad de asociación porque impone un registro nuevo de todas las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC)".
Tengan en cuenta que nosotros estamos inscritos en el registro de organizaciones y asociaciones. Y ahora nos hacen inscribirnos en un ente cuya finalidad es la persecución del delito. No estamos en contra de los controles... Sin embargo, se nos está criminalizando".
Henry Fino, director ejecutivo de Fespad.
De acuerdo a Alejandro Valverth, miembro del equipo consultor de Legis, en Nicaragua y Guatemala no se difundió el requerimiento de nuevo registro de organizaciones, lo que causó la cancelación de un número significativo de oenegés.
“En Guatemala más del 86 %, es decir, 1,214 organizaciones no se enteraron y serán canceladas en las próximas semanas. En Nicaragua hay cerca de 350", advirtió Valverth.
Para Gladys Larín, de Fespad, dicho Instructivo no se ha difundido lo suficiente. "Tenemos la misma situación, no se ha difundido como debe de ser y muchas organizaciones se verán afectadas porque no se actualizaron. Y traslada responsabilidades del Estado para hacer evaluación de riesgos", explicó.
Larín agregó que a la coerción de asociación se suma el estudio que realiza la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros. La aprobación del dictamen favorable de esta ley se suspendió en noviembre de 2021 luego de que la Embajada de Alemania anunciara la suspensión de proyectos en El Salvador. El dictamen, sin embargo, no ha sido archivado hasta hoy.