"Repudiamos la escandalosa aberración judicial llevada a cabo por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, por su delictiva decisión jurídica de emitir una resolución sin concordancia con la justicia plena que, a todas luces, se apaga del principio del derechos, la justicia y la razón", sostuvo Gabriela Guzmán, candidata a diputada por el partido Vamos, durante la lectura de un comunicado.
Las organizaciones explicaron que en el caso de Rubén Zamora se le pretende atribuir un delito que no ha cometido y al que se le "está negando la aplicación del debido proceso". Las organizaciones exigieron el retiro de la orden de captura ordenada por "alguien" contra Zamora.
De acuerdo con la resolución, los cinco acusados, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y Rubén Zamora, ayudaron en calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de ese entonces a los principales acusados de la masacre con la aprobación de la Ley de Amnistía.
Las organizaciones aseguran que hay pruebas documentales que establecen que Zamora "no fue firmante, ni apoyó la amnistía y, por tanto, no participó del delito por el que se le está acusando".
Las organizaciones Resistencia Ciudadana, Bloque de la Sociedad Civil, Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y la Plataforma de Abogados Salvadoreños (Justicia Plena) consideraron que la orden de captura contra Zamora es una "política de persecución de la dictadura de Bukele" que está poniendo en práctica contra la sociedad civil que se le opone".
"Para callar a la oposición, el gobierno no tiene argumentos en este momento como para enfrentar a la oposición... La orden de captura contra Rubén Zamora es terrorismo de Estado clásico y típico", dijo Ronal Umaña, del Movimiento Resistencia Ciudadana.
Diario El Mundo preguntó a las organizaciones si conocen si ya se hizo efectiva la orden de captura y manifestaron que desconocen tanto su paradero como si ya está capturado.
Piden pronunciamiento internacional
Las cinco organizaciones pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general se pronuncien ante lo que consideran un "desmontaje constitucional al desmedro de los derechos humanos" por el gobierno de Nayib Bukele.En la resolución, hecha pública el 22 de diciembre de 2023, la jueza declaró el delito de encubrimiento como un delito de lesa humanidad, por lo que sería imprescriptible o no perdería vigencia y podría ser imputado en cualquier momento a pesar que los hechos ocurrieron hace 30 años.
El caso
Entre 11 y 13 de diciembre de 1981, unas 978 personas, incluidos 553 niños, fueron asesinadas por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador en el plan Yunque y Martillo, en las comunidades de Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz. Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona.El caso, denominado El Mozote, fue judicializado tras ser declarada inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz aprobada en marzo de 1993. El proceso pasó al Juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, a cargo del juez Jorge Guzmán. El caso estaba a punto de pasar a juicio cuando la Asamblea Legislativa reformó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para cesar a los jueces mayores de 60 años. Así, el juez Guzmán fue cesado y en su lugar en septiembre de 2021 fue nombrada la jueza Mirtala Portillo. Más de dos años han pasado y, según los abogados acusadores particulares, el proceso está paralizado.