Cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan con beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus familias hicieron un llamado público a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para que den claridad legal a los salvadoreños con TPS y publiquen de inmediato los avisos correspondientes en el Registro Federal.
Sin publicarlo en el Registro Federal el DHS avisó el 9 de septiembre que realizaría en el futuro un anuncio sobre el TPS de El Salvador «en el momento apropiado» y que mientras tanto «mantienen su protección”.
El llamado se refirió también a los beneficiarios del TPS de Ucrania y Sudán, que viven una situación similar a los originarios de El Salvador. Así mismo, reiteraron al Congreso la petición para establecer una vía hacia la residencia permanente de los beneficiarios de TPS.
“La inacción del Gobierno no es protección. La incertidumbre no es estabilidad. Las declaraciones a los medios de comunicación que prometen un anuncio formal en una fecha futura, sin especificarla, no sustituyen el proceso legalmente requerido. Exigimos al DHS que publique de inmediato los avisos correspondientes en el Registro Federal para reconocer las extensiones automáticas aplicables y aclarar la autorización de empleo y otras protecciones”, dice el comunicado firmado por las organizaciones Alianza Americas, African Communities Together, CASA, CUSP y SEIU.
De acuerdo con las organizaciones la falta de una información jurídica clara y oportuna ya tiene consecuencias “devastadoras” que no son “hipotéticas”. Sostienen que “muchas personas salvadoreñas beneficiarias del TPS ya han perdido sus empleos, no han podido renovar sus licencias de conducir y han enfrentado obstáculos para acceder a programas y beneficios públicos para los que cumplen los requisitos legales”.
Así mismo, advierte que muchos beneficiarios de Ucrania y Sudán viven la situación.
Advirtieron que la promesa de un anuncio es poco y no puede demostrar un estatus legal que satisfaga a empleadores, agencias estatales o proveedores de servicios.
