Un total de 70 organizaciones internacionales se sumaron a un pronunciamiento público en el que señalan que el gobierno salvadoreño ha emprendido una “campaña mediática” en contra de las organizaciones de la sociedad civil y piden al presidente de la República, Nayib Bukele, que cese los ataques.

Advierten que ante la necesidad de generar un debate público sobre la actual situación de seguridad ciudadana en el país, el gobierno de El Salvador ha emprendido una campaña mediática en contra de las organizaciones civiles y “el hostigamiento directo” desde las redes sociales del propio presidente Nayib Bukele.

“Hacemos un llamado al gobierno de El Salvador para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cese los ataques contra la sociedad civil nacional e internacional que trabaja a favor de la protección de derechos fundamentales”, dice el pronunciamiento publicado el 31 de marzo de 2022.

Policías, fiscales y los jueces no se van a preocupar por investigar adecuadamente los casos, sino que se mete a toda la gente a la cárcel”. Leonor Arteaga, directora de programa de la lucha contra la impunidad DPLF

Trabajo con víctimas.

Luego de la aprobación del Régimen de Excepción la madrugada del 27 de marzo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó que este “no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos”. Lo que generó una reacción del presidente Bukele en contra de la presidenta de la WOLA, Carolina Jiménez Sandoval.

“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre”, escribió Bukele el 28 de marzo.

“Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad”, afirman las organizaciones firmantes.

Agregan que las organizaciones han acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos y apoyan con mejorar propuestas de políticas públicas.

Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. Pronunciamiento Organizaciones de derechos humanos

Respeto a derechos.

El pasado fin de semana, hubo al menos 87 homicidios que se atribuyen a pandillas. “Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia”, señalan las organizaciones.

Instaron a la comunidad internacional a “continuar alertas y vigilantes” ante la situación que se vive en El Salvador, especialmente por las medidas del Régimen de Excepción. Aseguran que dichas medidas, que fueron la suspensión de cuatro derechos y garantías constitucionales, “confirman los peligros que hemos denunciado en diversas oportunidades”.

Eso en referencia a detenciones masivas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial, registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones a sus derechos a la alimentación y salud.

Incumplimiento.

En el pronunciamiento consideran que el Régimen de Excepción supone “una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”, ya que no encaja en las causales establecidas en la Constitución para emitirlo, que son en casos de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público.

“El gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública”, añaden.

Eso en el sentido que el estado debe hacer uso eficiente de las leyes y las instituciones para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia.

El dato

La Constitución de El Salvador permite los estados de excepción en caso de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público. El decreto tiene vigencia por 30 días.

40-45 Años Pena de prisión para cabecillas y jefes de pandillas.

$80 Millones De refuerzo para Seguridad Pública y la Defensa Nacional.