El estudio “Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación” analizó las vulneraciones en participación, expresión y asociación por la experiencia de 71 organizaciones de El Salvador mediante entrevistas y "focus group" o discusiones grupales. Hablaron con organizaciones de mujeres, de medio ambiente, de jóvenes, docentes, salud, comunitarias, entre otras.
"Hay un hostigamiento en las comunidades con consentimiento de las autoridades con el ánimo de que abandonen las tierras, que dejemos todo tirado ahí, pero estamos resistiendo", manifestó para el estudio un integrante del sector comunitario.
El estudio registró, además, dificultades de inscripción de personería jurídica, acoso administrativo a través del Estado, ataques a la libertad e integridad personal, limitación de información y espionaje. "Diecinueve retenemos para una manifestación, cada uno nos hacía perder 30 minutos, salimos a las 4:00 de la mañana, nunca había habido tanta presencia militar", dijo otro participante del estudio.
Salvador Novellino, director financiero de Cristosal, relató la experiencia de Cristosal al enfrentar investigaciones o procesos en los ministerios de Hacienda y Gobernación. "El trabajo de la organización de derechos humanos siempre resulta incómodo, sin embargo, en 2020 se comenzaron a cerrar los espacios del gobierno central", afirmó.
Novellino relató que en enero de 2020 Cristosal recibió una notificación del Ministerio de Hacienda para investigar sobre las obligaciones tributarias de Cristosal al ejercicio de 2019, un caso que tras un largo proceso está en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Además, informó que el Ministerio de Gobernación les ha solicitado nuevos balances financieros de años anteriores, un proceso que está en fase de apelación.
Otro integrante de organización manifestó que el Ministerio de Gobernación "se tardó más de un año en renovar la personería jurídica", algo que en 2019 les implicó "perder proyectos" porque no tenían representante legal que firmara los convenios.
Según las organizaciones las vulneraciones "impactan" en "todos los derechos del espacio cívico".
La investigación fue presentada por las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario, Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), Movimiento de Trabajadores Despedidos, Coppes, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Tracoda, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Cecade, Servicio Social Pasionista (SSP) y Cristosal.
