“Le sumergían la cabeza dentro de una pila, le presionaban los dedos de las manos con unas pinzas y todo era para intentar que él admitiera que era parte de una organización de las pandillas. El joven, pese a no ser miembro de una pandilla, lo colocaron en una celda donde había miembros de pandillas”, relató Danilo Flores, coordinador del OUDH.
El reporte señala que el joven era golpeado por pandilleros y policías y que, al ser liberado, vomitaba sangre.
En El Salvador hay tortura. Las denuncias dan fe. Un caso emblemático es el de un joven de 14 años. Sumergían su cabeza en una pila con agua, le pinchaban los dedos con pinzas”. Danilo Flores, director del observatorio de Derechos Humanos
Después, según Flores, “la Policía realizó actos de acoso y hostigamiento en su vivienda” y el joven tuvo que irse del país. “Es un caso emblemático de hechos de tortura que están ocurriendo en nuestro país”, dijo.
En la presentación del informe de los primeros 100 días del régimen de excepción en El Salvador, este miércoles, el OUDH informó de 306 casos que pueden calificarse como tortura, considerando la definición de la Convención contra la Tortura.
Los casos reportados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) incluyen 231 negativas a dar información de detenidos o posibles desapariciones forzadas, 28 malos tratos, 12 usos desproporcionados de la fuerza, 11 omisiones de traslado hospitalario, 11 omisiones de entrega de medicamentos, 6 intimidaciones, 4 tratos crueles contra menores y 3 tratos crueles. A ello le suman 63 víctimas de tratos crueles según notas periodísticas,de los que el 16 % de víctimas son mujeres.
La Asamblea Legislativa debe dejar sin efecto el régimen de excepción, debe restituir las garantías procesales y los derechos fundamentales suspendidos”. Natalia Ponce, investigadora del observatorio de Derechos Humanos
El OUDH pidió a la Asamblea Legislativa “que deje sin efecto el régimen de excepción”; a la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil le recomendó investigar “exhaustivamente los delitos atribuidos a pandilleros”, y a las instituciones de control investigar “de manera imparcial” las denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador.
El reporte incluye denuncias de detenciones arbitrarias, irregularidades como fichas policiales sin fecha elaboradas en visitas previas a la captura, acta de detención y de entrevista con información falsa, violencia contra menores y asignación de cuotas policiales de capturas. El medio de prueba presentado, según Flores, son actas de detención y la entrevista de los agentes captores y “los requerimientos no logran individualizar la responsabilidad penal de cada persona”, sino que hacen “referencia al contexto general que dio origen al régimen de excepción”.
Disparidad en las capturas
El OUDH de la UCA advirtió el incumplimiento del artículo 194.I ordinal quinto de la Constitución de la República, que obliga a notificar a la PDDH de todo arresto.“Corresponde al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa”, reza esa disposición de la Constitución.
Gobierno:
44,344 capturas hasta 4 de julio
PDDH:
9,362 capturas hasta 24 de junio
DEM