La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Fundación Internacional de Seattle (SIF) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) llamaron al estado salvadoreño a implementar una política de prevención de la violencia en lugar de optar por la mera represión.
Las organizaciones hicieron eco de las numerosas denuncias de atropellos a derechos humanos y arbitrariedades de las autoridades y señalaron que las prácticas de estas estigmatizan a residentes de comunidades y personas de la clase trabajadora "sometiéndolas a un sistemático acoso, intimidación, amenazas, robos y extorsiones", basándose en testimonios recogidos por organismos civiles y medios de comunicación salvadoreños.
Además, critican la celebración de audiencias exprés en las que desde el poder judicial se vulnera el derecho a un debido proceso.
En muchos casos, los detenidos no han contado con un defensor durante la etapa de detención administrativa o a este no le ha permitido presentar durante las audiencias arraigos y documentación que acredite su no pertenencia a pandillas”, reprocharon.
De igual forma alertan de una eventual crisis humanitaria en las cárceles debido al hacinamiento, la sobrepoblación, la precaria alimentación y el acceso limitado a la sanidad que se suman a las denuncias de torturas y la muerte de reos bajo custodia de las autoridades.
Respetar la Constitución, revisar los casos de capturas arbitrarias y reparar el daño moral y material a familias y víctimas de arbitrariedades son algunos de las peticiones de las organizaciones norteamericanas al estado salvadoreño.
La madrugada del 27 de marzo, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron un régimen de excepción bajo el que se suspendieron por 30 días los derechos a la libre de asociación, a la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones, al derecho de defensa y extendieron el plazo máximo de la detención administrativa de 72 horas.
Lo anterior como respuesta a una ola de violencia homicida atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en tres días.
El régimen de excepción, extendido en dos ocasiones por los diputados a petición del presidente Nayib Bukele, y que deja ya más de 40,000 detenciones según cifras gubernamentales se ha visto marcado por denuncias de vulneración de derechos humanos.