Fespad propuso un paquete de reformas para crear “causales” de destitución de magistrados. Hasta ahora, no se encuentran establecidas en la ley.
Además, piden que la ley establezca garantías para proteger a los magistrados, de ser removidos sin ser escuchados en un debido proceso.
Héctor Carrillo, director del programa de Justicia de Fespad, explicó que las reformas buscan que no se repita el 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, removió de sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y eligió a magistrados sustitutos. El proceso de elección fue cuestionado por organizaciones jurídicas que aseguran que no se cumplió lo establecido en la Constitución de la República y la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.
Este tipo de elecciones, a partir de la reforma solicitada por Fespad, serían una de las causales de remoción que quedarían plasmadas en la ley. Se sumarían otras causales como haber sido suspendido más de dos veces en dos años; ineptitud o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo; abuso de autoridad al atribuirse funciones que la ley no les confiere, e inasistencia a sus labores por ocho días seguidos sin causa justificada.
Otras causales, además, serían una condena penal; propiciar huelgas o abandonos colectivos; carecer de requisitos legales para el desempeño; solicitar o recibir dádivas de interesados en procesos; asesorar en asuntos judiciales y hacer constar en diligencias judiciales hechos que no sucedieron (o dejar de incluir los que sí).
También, solicitan que el proceso de destitución inicie por una denuncia fundamentada o de oficio por parte de la Fiscalía General de la República.