El informe presentado este miércoles revisa la aplicación de los capítulos de medidas preventivas y recuperación de activos contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
De acuerdo a Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac) de la Funde, “en promedio la aplicación de la Convención es bastante pobre, no de un organismo sino más bien en un sentido general, ese promedio de aplicación práctica es bastante pobre”, aunque sostuvo que hay excepciones.
El “estado de aplicación de la ley” resultó ser “no aplicado” y detectó “muy pocos los espacios en donde hay una aplicación parcial y moderada”, explicó Sandoval.
Si bien existen los diferentes órganos institucionales, la evaluación les exigía responder si estos tienen independencia. La respuesta, dijo, es que no tienen independencia luego del golpe a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, a partir del 1 de mayo de 2021.
Sobre el tema del lavado de activos, Sandoval aseveró que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) solo dispone de nueve investigadores y que el nuevo instructivo prevé una ampliación de una categoría de sujetos obligados que podría derivar en una inacción y falta de eficacia debido a la saturación laboral.
El Salvador está en el proceso de planear la visita in situ, de acuerdo a Daniela Newman, representante de la UNCAC Coalition. En la visita in situ, las instituciones deben dar cuentas de la aplicación de la Convención.
La Convención fue firmada por El Salvador el 10 de diciembre de 2003 y ratificada el 25 de junio de 2004.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) fue una de las instituciones que sí entregó la información sobre las políticas de prevención de corrupción, actividades desarrolladas de prevención contra la corrupción, manual de contratación de personal, entre otros.
La representante del TEG aseguró que se tienen 38 comisiones de ética completas en el gobierno central y 48 incompletas. En las municipalidades, 129 comisiones completas y 133 incompletas.
“Es un trabajo coordinado, articulado, de las instituciones del Estado pero también de la sociedad civil”, aseguró.