En la audiencia, organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de procesos violatorios a los derechos humanos implementados desde que comenzó el régimen de excepción, la falta de garantías procesales y la muerte de al menos 52 personas bajo custodia estatal.
“Nos preocupa cuando un estado de excepción tiene prórrogas indefinidas, la excepción se vuelve regla. Y ahí ya hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales, independientemente de las situaciones concretas”, dijo Mantilla.
Este control y esta función que tiene el Estado tiene regirse por las obligaciones internacionales de derechos humanos en el sistema del cual es parte". Julissa Mantilla, CIDH
Obligaciones.
La CIDH reconoce los problemas de violencia que existen en El Salvador y las dificultades en el control de la criminalidad. “Pero este control y esta función que tiene el Estado tiene regirse por las obligaciones internacionales de derechos humanos en el sistema del cual es parte”, sostuvo.Según las organizaciones participantes, el régimen de excepción se prorrogó sin que los procesos legislativos examinaran la necesidad y de proporcionalidad de las medidas adoptadas.
“Lo cual confirma que El Salvador ha desatendido reiteradamente sus obligaciones internacionales en la materia”, dijo Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
“Esta medida de estado de excepción supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales”, expresó Liliana Caballero Gómez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Zaira Navas, de Cristosal, señaló que muchos operativos policiales se reaizan en zonas empobrecidas.
Actualmente en El Salvador se estarían configurando detenciones secretas. Así las autoridades aún no cuentan con un registro". Zaira Navas, Cristosal