El magistrado Mejía explicó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que él figura como miembro de una de las autoridades demandadas debido a su nombramiento, el 23 de septiembre de 2024, como presidente del Órgano Judicial.
La demanda fue interpuesta por representantes de una víctima de desplazamiento forzado contra la supuesta omisión del jefe de la Delegación de San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil (PNC), jefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la Oficina Fiscal de Santa Elena, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.
Las instancias policiales y fiscales son señaladas de no desarrollar acciones de protección y seguridad para la libre circulación de la demandante y su grupo familiar cerca y en los entornos de su residencia, además de "la aparente falta de diligencia en la investigación de las amenazas, del desplazamiento forzado y del homicidio de su madre", según el escrito.
La demandante también señaló que la Comisión Coordinadora y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia cometieron "omisión" porque no elaboraron leyes, normativas y protocolos de actuación para “garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno”.
Según el abogado Abraham Ábrego, ante la Sala de lo Constitucional hay interpuestas cinco demandas por parte de víctimas de desplazamiento de pandillas en la época con mayor delincuencia y violencia pandilleril. En el caso en el cual el presidente de la CSJ ha solicitado abstenerse, abierto desde el año 2018, la víctima sufrió un atentado por parte de miembros de pandillas.
La abstención del funcionario fue comunicada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa en la primera sesión plenaria del año, el 5 de enero de 2025. La notificación de la Sala pasó a estudio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.