El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien está interesado en evaluar la política carcelaria salvadoreña, visitó este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que el presidente del país, Nayib Bukele, mandó a construir en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.
La visita fue realizada junto a la ministra de Seguridad designada por el presidente electo, la exfiscal Trinidad Steinert, quien se reuniría con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.
Según Casa Presidencial de El Salvador, el gobernante electo del país sureño está buscando “conocer de primera mano nuestro modelo de seguridad y evaluar la adaptación y aplicación a la realidad que vive Chile”.
“Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros hermanos chilenos”, posteó Casa Presidencial de El Salvador.
Kast arribó a El Salvador la noche del jueves y fue recibido por la canciller, Alexandra Hill Tinoco.
El gobierno de El Salvador implementó un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado 47 veces y se mantiene aún vigente, lo que ha facilitado las capturas de 91,000 personas acusadas todas de ser terroristas o pandilleras según cifras oficiales. Además de la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, el gobierno ha impulsado reformas penales y a la Ley contra el crimen organizado que permiten acusar a los pandilleros por estructuras y aumentó las penas para delitos como la pertenencia a la pandilla (agrupaciones ilícitas), si son colaboradores o es agravada si son cabecillas. Además, las reformas ha prolongado en dos ocasiones por dos años el tiempo para que los capturados sean acusados por la Fiscalía ante los tribunales de crimen organizado.
El régimen de excepción consiste en suprimir los derechos de la Constitución de la República establecidos en el inciso segundo del artículo 12, el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 24.
Las disposiciones suspendidas indican que «la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca».
En el artículo 13, el inciso segundo establece: «La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiera practicado».
Y el artículo 24 suspendido dice que «la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra», además que prohíbe la intervención de las telecomunicaciones y solo lo autoriza excepcionalmente con autorización judicial.
El gobierno ha admitido que hay «un margen de error» en las capturas. Las organizaciones sociales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal reportaron más de 6,500 denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones durante el régimen de excepción, y más de 400 detenidos muertos bajo custodia estatal. La coordinadora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, está en el extranjero; y la jefa de unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth López, fue capturada por delito de enriquecimiento ilícito.
