La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señalaron que la prohibición con cárcel que impuso la Asamblea Legislativa a la transmisión o reproducción de mensajes que puedan ser de pandillas viola la libertad de prensa en El Salvador.

La SIP advirtió que la reforma “criminaliza” el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas, e incumple la Constitución de la República y tratados internacionales ligados a la libertad de prensa y derecho de acceso a información de interés público de los ciudadanos.

En un comunicado la SIP manifestó que, aunque la Asamblea Legislativa argumentó que las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras estén fundamentadas en intentar frenar la violencia en el país, afectan la labor periodística.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que “la mordaza que se impone al periodismo salvadoreño atenta contra los principios constitucionales sobre libertad de prensa”.

“Es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este Gobierno contra la prensa”, aseveró Jornet.

Un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran remedios a sus problemas”. Jorge Canahuati, presidente de la SIP

Delito.

La reforma al Código Penal crea un nuevo delito castigado con prisión de 10 a 15 años a los ciudadanos, sean periodistas o no, que transmitan o reproduzcan mensajes o comunicados “originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.

La reforma se refiere a la transmisión o reproducción de mensajes en medios de comunicación o tecnologías de información, como plataformas desde cualquier dispositivo electrónico, como plataformas de redes sociales.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) coincidió con que se pretende una “criminalización” de los medios de comunicación. La APES calificó las reformas penales de mordaza legal, censura directa y previa.

Es lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social para profundizar la hostilidad que ha demostrado este Gobierno contra la prensa”. Carlos Jornet, Comisión de Libertad de Prensa de la SIP

APES: “A la la población”.

El presidente de la APES, César Fagoaga, señaló que la reforma al Código Penal aprobada con dispensa de trámite la noche del martes afectan a la población porque pretende limitar su derecho de acceso a la información pública.

“Las reformas aprobadas no solo atañen a medios de comunicación. Es nuestro trabajo contar esa realidad por muy dura que sea, negarle a la ciudadanía esta información es negarle su derecho a la libertad de expresión, la censura solo beneficia a los criminales”, afirmó Fagoaga.

La gremial de periodistas recordó en su pronunciamiento reportajes publicados sobre supuestas negociaciones entre los gobiernos y las pandillas MS-13 y 18 en El Salvador: “Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas, o que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición hacia los Estados Unidos”, dice la gremial periodística, en referencia a que El Salvador aún no entrega a 14 cabecillas de pandillas requeridos por diferentes tribunales de los Estados Unidos y a la posible liberación del pandillero Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, uno de los requeridos por la justicia estadounidense.

Funcionarios de Gobierno han rechazado la tesis de que la reforma penal pretenda restringir la libertad de expresión o la labor de los medios de comunicación.

Es nuestro trabajo contar esa realidad por muy dura que sea, negarle a la ciudadanía esta información es negarle su derecho a la libertad de expresión”. César Fagoaga, presidente de la APES

Decretos aprobados por Asamblea

El régimen de excepción fue aprobado hasta cuando los homicidios habían bajado de 62 a 11. Un día después la tendencia cayó a 2 homicidios, el 28 de marzo.

1.- Régimen
Excepción. Aprobó un régimen que suprime derechos procesales y permite intervenir teléfonos sin aval judicial.

2.- Aumento
Cárcel y dinero. De 20 a 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas, y de 40 a 45 para cabecillas. Aprobó $80 millones.

3.- Detención
Sin medidas alternas. Aprueban reforma procesal penal para impedir sustituir penas de prisión y jueces sin rostro.

4.- Personas
Cárcel por “mensajes”. Penas de 10 a 15 años por transmitir mensajes de maras que puedan pro-vocar zozobra.

5.- Personas
Grafitis. Penas de 10 a 15 años por elaborar o facilitar la elaboración o diseño de grafitis o señales de pandillas.

6.- Medios
Prohibición. Una reforma a la ley de proscripción de pandillas prohíbe a medios reproducir “men-sajes” de pandillas.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador

La ola de homicidios del 25 al 27 de marzo

El 26 de marzo fue el día más sangriento desde que hay registro de homicidios en El Salvador: mataron a 62 personas. El Gobierno pidió y aprobó un régimen de excepción, el 27 de marzo, día que hubo 11 homicidios.

Marzo 27 de 2022
Régimen: Asamblea elimina derecho a reunión, derecho de defensa y el plazo máximo de detención, y autoriza intervenciones telefónicas.

Marzo 30 de 2022
El Presidente pide un aumento de penas carcelarias y $80 millones de los cuales $30 millones son para transferencias y el resto para equipo.

Abril 1 de 2022
El 1 de abril de 2022 hubo cero homicidios a nivel nacional según la PNC. La tendencia cayó desde el 28 de marzo, con 2 homicidios.